En México la tortura es una práctica generalizada y sistemática, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se había erradicado en el 2020, según denunciaron representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales.
«Las declaraciones del presidente de México son falsas, cuando dice que se erradicó la tortura en México, sigue siendo una práctica sistemática y generalizada», aseveró Sebastian Brehm, miembro de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos en Alemania, durante el panel «¿Se erradicó la tortura en México?», organizado por Amnistía Internacional.
Destacó que, pese a que en abril de 2020, durante su informe de Gobierno trimestral, el primer mandatario, López Obrador sostuvo que en México se ha «erradicado la tortura», en realidad no se ha hecho lo suficiente para acabar con esta práctica.
Gerald Staberock, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, coincidió en que en México dicho sufrimiento es una práctica existente.
Explicó que la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y en su mayoría hombres, además de que la tasa de impunidad sobre esta práctica es del 98 por ciento.
Reconocer el problema
Staberock señaló que lo primero que se tiene que hacer para erradicar el problema es reconocer que existe la tortura. «Algunas organizaciones e instituciones públicas lo reconocen, pero el presidente los contradice», lamentó.
Indicó que, pese a que desde 2017 se hizo una ley contra la tortura sistemática que es «progresista», el problema ha sido llevar esta legislación a la práctica.
«Hace falta una política pública contra la tortura. Hay que trabajar, por ejemplo, en el problema de las confesiones, porque un sistema judicial basado en confesiones, en cualquier país del mundo, está muy cerca de la problemática de la tortura», consideró.
La cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del Ministerio Público ha aumentado en los últimos años tanto a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de siete mil en 2019, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Jorge Luis López, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, apuntó que se ha evidenciado la colusión entre jueces y fiscalías para crear una «fábrica de culpables».
«Inicia con la detención de cualquier persona y se supone que en 48 horas se debe declarar a la persona inocente o ser vinculada a proceso y, por el contrario, lo que se hace en ese lapso es utilizar la tortura para fabricar culpables», denunció.
Sandra Alarcón, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el estado de Guerrero, dijo que la militarización del país al llevar a la Guardia Nacional a las calles ha agudizado la violencia y los casos de tortura, además de la impunidad en los casos.
Finalmente, Carla Palacios, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Chihuahua, afirmó que se requiere de un plan de persecución penal y negó que se trate de falta de presupuesto -«más bien falta de voluntad» política- para acabar con la tortura en México.
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