La IV Cumbre de Gobierno Abierto es coordinada por el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.
En el panel “Personas privadas de la libertad: ¿Cómo garantizamos su inserción y calidad de vida desde el estado abierto al año 2030?”, encabezada por María Elena Guadarrama Conejo, quien forma parte de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO).
Del mismo modo, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Francisco Javier Acuña Llamas, cuestionó las condiciones en que se realiza la reinserción social, ya que las personas que viven esta situación enfrentan injusticias desde el momento en que se les priva de la libertad.
La reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad no puede iniciar si no hay condiciones mínimas de justicia, afirmó el Comisionado del INAI. Además, se refirió a la procuración de justicia cuestionable que no esté sustentada, que no haya sido sólida y que, por desgracia, haya venido a controvertir la presunción de inocencia, que ese es el punto de partida en el que nos encontramos. De esta manera el comisionado compartió que hay muchos casos de personas privadas de la libertad que podrían llevar su proceso de enjuiciamiento, desde su domicilio, con algunas medidas cautelares.
“Tenemos una ex compañera del Sistema Nacional de Transparencia, Yolli García Álvarez, que vive una situación insoportable, se tiene que decir esto, porque se trata de derechos fundamentales cuya interrupción pone en vilo la presunción de Estado de Derecho.»
Por su parte, la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas reconoció el fuerte rezago en cuanto a la capacidad que tiene el estado para garantizar que aquellas personas que fueron privadas de su libertad puedan volver a tener una vida normal libre de prejuicios y del estigma que causa el haber estado en prisión. Puntualizó sobre las cifras al día de hoy, por lo que cuatro de cada 10 personas se encuentran privadas de su libertad sin que exista una sentencia de por medio, lo que confirma que el sistema presenta una falla crónica.
Asimismo, la activista por los derechos humanos y directora fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, habló de la compleja situación que enfrentan las mujeres trans que han estado en la cárcel, la discriminación que sufren, la falta de una identidad, la violencia, además de tener la etiqueta de haber estado privada de su libertad.
«El abrir espacios donde las mujeres puedan volverse a construir y visibilizar la violencia que recibieron por ser trans, desde ese momento es cuando podemos empezar a trabajar una reinserción”.
A su vez, Rogelio Salgado, Coordinador de Investigación del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), señaló la visión de trabajo fundamentada en entender los procesos de cárcel desde una perspectiva de desigualdad social y la estrategia enfocada en puntos como: rendición de cuentas, fortalecer y generar mecanismos de exigencia de que estas disposiciones se cumplan. Difundir información de lo que sí hay, ya que solo tres de cada 10 personas privadas de la libertad conocen que existen servicios post penitenciarios y por último, considerar que hay ambigüedades dentro de la propia Ley. Ante esto, aludió que necesitan generar procesos desde Gobierno Abierto en participación ciudadana que incluyan a las personas privadas de la libertad.
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MAO
