El 20 de abril de 2021 se aprobó por el Pleno del poder legislativo el dictamen cuya finalidad era erradicar las prácticas que atenten en contra de los derechos laborales, con 118 votos a favor y solo dos abstenciones. Además el 11 de noviembre de ese mismo año, el Presidente mexicano firmó una iniciativa de reforma para acortar el outsourcing en el país, misma que entraría en vigor a partir del primero de enero de este 2022.
Sin embargo, al parecer los funcionarios de la actual administración hacen caso omiso a la derogación de estas subcontrataciones en el sector público, debido a que diversas dependencias del gobierno federal continuaron con estas prácticas, al seguir otorgando contratos para estos servicios, para acumular una bolsa en 2021 alrededor de 600 millones de pesos.
Casualmente una de las empresas que se ve nuevamente involucrada es Corporativo Ejecutivo MZT, misma que fue adjudicada con la partida de subcontratación más onerosa de 2020, con unos 310 millones de pesos, provenientes a la administración de más de 21 mil empleados del programa Prepa en Línea de la SEP.
Esta acción conllevó a una llamada de atención por parte del presidente; sin embargo, las dependencias intentaron colocar los contratos de terciarización en dependencias de menor jerarquía aunque no por eso el monto de los contratos disminuyó.
Ejemplos de estos contratos son los firmados por Corporativo Ejecutivo MZT para subcontratar personal con la Comisión Nacional de Vivienda por 129 millones de pesos, también, con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por 70 millones y finalmente, con el Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ, por 35 millones de pesos.
Asimismo, estas oficinas son utilizadas por algunos funcionarios cercanos y leales al gobierno de López Obrador, la Conavi es parte de la Sedatu, a cargo de Román Meyer; la Cofepris depende de la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer y del subsecretario Hugo López Gatell, y CIATEQ es un centro de investigación del Conacyt, de María Elena Álvarez-Buylla.
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Aunado a estos, la firma de outsourcing llevó a cabo un contrato en 2021 con el Instituto Nacional de Cancerología, dirigido por Julio Rolón, al brindar un servicio de administración del personal de su farmacia con un «pequeño» monto de cinco millones de pesos.
Otra de las empresas beneficiada con el negocio de terciarización de personal dentro de la 4T el año pasado, Imago Centro de Inteligencia de Negocios SA de CV, la cual participa como consorcio al lado del Corporativo Ejecutivo MZT.
Imago Centro obtuvo seis millones de pesos en Sedatu y cinco millones de la Secretaría de Salud, pero escaló a las grandes ligas al firmar en Capufe, a cargo de Elsa Julieta Veites, con dos importantes contratos, uno por 221 millones de pesos en enero de 2021 y el segundo por 120 millones en abril.
Se suman a los negocios de Imago Centro dos pequeños contratos más, por 500 mil pesos en el Instituto Mexicano del Petróleo y por 9 millones otra vez en la Conavi, donde su socio MZT se ostenta como el contratista principal de la administración de personal.
Finalmente, ambas empresas han modificado en diversas ocasiones su objeto social. Nacieron como compañías dedicadas a la contabilidad o al comercio, para después dedicarse a la actividad especializada de administración de personal. La primera, según las actas constitutivas, es propiedad de Martha Beatriz Arredondo Benítez y Nora Lina Rendón, y la segunda tiene como dueño al coahuilense Jorge Fahur Pérez, considerado en el norte del país como otro “Rey del Outsourcing”.
Estos hechos hacen preguntarse a la ciudadanía si el Presidente aplicará las leyes por igual o continuará exceptuando a los simpatizantes a su gobierno.
OACG
