Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgara el tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual se mostró un video en el que se aprecia la manipulación de pruebas por agentes de la Secretaría de Marina (Semar), se inició una investigación en contra de estos elementos, quienes ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En las imágenes se muestra a miembros de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 normalistas.
Por lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los jefes de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía.
“Se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”
Andrés Manuel López Obrador
El mandatario dijo que la investigación del caso sigue abierta. «Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó.
Destacó que los expertos del GIEI le presentaron el informe, incluido el video, previo a ser difundido a medios de comunicación.
«Se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación”, agregó el presidente, quien prometió que entregará toda la información que el Gobierno y las Fuerzas Armadas tienen disponibles acerca del caso. «No se oculta nada”, subrayó.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes -presentados en 2015 y 2016- ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.
El Gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y derrumbó definitivamente esta versión oficial del Gobierno de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.
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