EL Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal debe informar sobre las aaciones para cumplir la petición del presidente, respecto a las reuniones con empresas proveedoras de servicios en los penales privados.
Al presentar el recurso ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas planteó que las conferencias matutinas han permitido profundizar en las instrucciones del Presidente de la República a sus colaboradores inmediatos; para favorecer esa dinámica de apertura pública y de vocación de transparencia, cabe entregar la información requerida.
“No decir exactamente de quiénes se trata, si se les va a demandar por tanto dinero o si hay un pendiente específico que esté por comprobarse, pero sí una explicación que allegue contabilizaciones, estadísticas, grado de avance en las acciones para que no quede en el vacío la instrucción; una explicación a la luz de la publicidad de cómo va, qué rumbo, qué ritmo lleva, la instrucción del Presidente”.
Agregó que durante la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se realizó la revisión de ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales en conjunto con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
“Derivado de dicha revisión, se advirtió que los instrumentos jurídicos en cuestión celebrados durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando el Secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna, fueron el resultado de erogaciones millonarias, cantidades que se encuentran pendientes de pago, en algunos casos hasta el 2037”, anotó.
En el análisis del caso, la ponencia a cargo del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que el sujeto obligado se limitó a clasificar la información, sin pronunciarse respecto a las acciones que derivaron de la instrucción dada por el Presidente de la República.
Francisco Javier Acuña Llamas concluyó que no es posible tomar como válida la atención dada por el sujeto obligado al requerimiento, dado que la información que pretende clasificar no guarda relación con lo solicitado.
El Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le instruyó realizar la búsqueda de la información requerida y entregar las acciones realizadas, así como los resultados de las mismas, en relación con la instrucción del Ejecutivo Federal respecto a reunirse con las empresas proveedoras de servicios en los penales privados.
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