La famosa práctica de robo de hidrocarburos y sus derivados, bautizada en México como huachicoleo, creció y se afianzó en 2022 en América Latina y el Caribe, y surtió a contrabandistas de drogas y personas, y a otras organizaciones criminales para producir cocaína y traficarla en lanchas y aeronaves, o abastecer mercados clandestinos de combustibles.
La técnica fue copiada y depurada en naciones de la región para actos delincuenciales o la venta barata de gasolina, diésel y otros derivados de los hidrocarburos a comercios legales regidos por altos precios, ya sea de México a Guatemala o de Venezuela a Colombia.
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“Es un fenómeno criminal que se regionaliza” al subir el precio mundial del combustible por el coronavirus y la guerra que Rusia lanzó este año contra Ucrania, adujo el abogado costarricense Andrés Muñoz, expresidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica y analista del Organismo de Investigación Judicial, cuerpo policial del Poder Judicial de este país.
“La criminalidad toma interés especial en este insumo [energético] para vender de forma clandestina, pese a las complejidades para extraerlo. Se cuenta con la complicidad de la ciudadanía que recibe el producto a precios que oscilan entre 30% y 50% más bajos que en el mercado legal”, dijo Muñoz.
“Pequeñas células de grupos criminales” intervienen en este delito, agregó.
Los ejemplos proliferaron
Con una tubería clandestina que tendió desde la casa que alquiló a un futbolista retirado costarricense en esta capital, una presunta red criminal colombiana robó combustibles en Costa Rica a la empresa estatal de distribución de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo, en una labor cuyos fines todavía siguen sin aclarar.
Sepultada en el patio de la vivienda, la cañería fue hallada en julio de este año.
Estañones cargados de unos 300 galones de combustibles robados en Colombia mediante válvulas en los sistemas de transporte y enviados a Panamá por organizaciones del narcotráfico de ambos países fueron hallados esta semana en el sector oriental del litoral panameño sobre el mar Caribe por policías de ese país centroamericano.
Un indígena panameño que transportó la mercancía en una lancha artesanal cayó preso.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) reveló en 2021 que hay un contrabando diario de un millón de galones de combustibles que son robados en Ecuador y Venezuela, y trasegados a Colombia para abastecer laboratorios clandestinos en suelo colombiano que realizan el proceso químico de transformación de la hoja de coca en cocaína.
El tráfico transcurre a Colombia por “ambas fronteras” con Ecuador y Venezuela, precisó.
El robo de crudo recrudeció en 2020 y 2021 en oleoductos en Colombia para procesarlo en refinerías ilegales, convertirlo en gasolina artesanal — “pategrillo” por su tono verde— y abastecer el proceso de elaboración de cocaína en forma paralela a la merma de gasolina barata procedente de Venezuela por las dificultades productivas venezolanas.
El robo en Colombia en el primer semestre de 2021 mostró un récord oficial desde 2015.
La (estatal) Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) reportó que la sustracción ilegal de combustibles para aeronaves, lanchas y vehículos terrestres mediante tomas ilegales sumó unos 2 millones de dólares en 2020, y que los principales compradores son organizaciones del narcotráfico y cadenas que surten el mercado negro de derivados del crudo.
Recope registró en 2020 un faltante de unos 3 millones 800 mil litros.
Aunque el modo preferido de operación fue el de válvulas, tuberías y cortes a los oleoductos, surgieron otros métodos con menor complicación técnica.
Como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú en febrero de 2021, el general peruano César Astudillo fue implicado por el Ministerio Público de ese país en el robo de 500 mil galones de combustible al Ejército de esa nación y acusado de los supuestos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso o malversación de fondos.
Astudillo negó toda culpa, pero su casa fue uno de 20 inmuebles allanados por la fiscalía.
El general peruano Edwin Donayre, comandante general del Ejército de Perú de 2006 a 2008, purga cinco años de cárcel por peculado en un escándalo que se conoció como El Gasolinazo por la apropiación irregular de gran cantidad de combustible propiedad de esa fuerza armada.
A pesar de ser congresista, Donayre tampoco logró eludir la condena.
Las ganancias.
InSight Crime, centro (no estatal) de investigación del crimen organizado con sede en Colombia, narró que el robo de combustible en la zona emergió como “oportunidad de generar ganancias para los criminales en medio de las restricciones” impuestas por el Covid-19.
La delincuencia debió “diversificarse” ante el encierro, planteó al describir que las técnicas varían por país y revelan la capacidad de “adaptarse y abrirse espacio” en mercados ilegales.
“Los modos de operar van desde las pequeñas mafias [en] Paraguay o Venezuela, que intensificaron sus actividades en los últimos meses, y las grandes estructuras dedicadas a procesos complejos de extracción, destilación y comercialización del petróleo o combustible en Argentina y Colombia”, señaló.
Las fuerzas armadas de Ecuador hallaron en septiembre de 2020, en la frontera con Colombia, una válvula clandestina en una tubería de trasiego de crudo de una fuente proveedora colombiana a una unidad receptora ecuatoriana. El petróleo sería llevado a una refinería ilegal.
Refinerías clandestinas de Argentina procesaron un cargamento de petróleo robado en 2020 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.), firma público-privada de ese país, valorado en unos 5 millones de dólares y lo distribuyeron a la venta pública de estaciones argentinas de combustibles.
