Al termino de la sesión de ayer miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la pendiente controversia constitucional 330/2019, y determinó que el Congreso de Tamaulipas excedió sus facultades para revisar la cuenta pública del municipio de Reynosa en 2016. Se instruyó a la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas (ASE) para llevar a cabo dicho procedimiento.
La Segunda Sala de la SCJN fue la encargada de analizar la regularidad de los decretos emitidos por el Congreso de Tamaulipas en la que no fue aprobada la cuenta pública del 2016 en diversos entes adscritos al municipio de Reynosa, este año corresponde al periodo de gobierno de la ex alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.
La resolución determinó que el Congreso de Tamaulipas solamente consta con la facultad para calificar la cuenta publica de los entes sujetos a la fiscalización, sin embargo, la calificación que emite la Legislatura local, únicamente tiene validez como un pronunciamiento de carácter político, el cuál no tiene consecuencias jurídicas.
La Auditoria Superior del Estado como órgano con autonomía técnica será la encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto, en el caso de presentar irregularidades podrá adjudicar las responsabilidades correspondientes.
A este caso se le suman distintas controversias en las que se involucra directamente a Maki Ortiz. En febrero pasado, la ASE detectó 63 observaciones preliminares a la gestión financiera y cuenta pública del Ayuntamiento de Reynosa, equivalentes a un monto de 55.2 millones de pesos.
Por lo que la Auditoría destaca que el presente informe individual de la entidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas, las acciones presentadas en el informe individuales de auditoria se encuentran sujetas a proceso de seguimiento hasta la fecha.
Te puede interear: Aumentan robos bancarios y de tránsito en Tamaulipas
NILY
