La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 80VG/2022 dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, lo anterior por el asesinato del joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, ocurrida el pasado 27 de abril del 2022.
De acuerdo con la CNDH, los efectivos de la Guardia Nacional violentaron los derechos del estudiante, además de la integridad personal y seguridad jurídica de tres de sus acompañantes, ya que hicieron uso excesivo de la fuerza, por lo que la Comisión dirigió la Recomendación 80VG/2022.
Asimismo, la CNDH advirtió que los elementos de la GN no actuaron de acuerdo a los principios contenidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, ni acorde a lo establecido en los principios comunes y esenciales que rigen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego.
¿Qué paso?
Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato murió y otra persona resultó herida luego de una persecución de elementos de la Guardia Nacional cuando los jóvenes viajaban a bordo de una camioneta tras presuntamente asistir a una reunión.
La agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas cuando los estudiantes de agronomía circulaban por un camino de terracería en la comunidad de Cuchicuato, cerca de un salón de fiestas, en el municipio de Irapuato.
Al conocer el evento, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condenó el hecho al asegurar que hubo uso desmedido de la fuerza por parte del elemento de la Guardia Nacional.
De esta manera, se calificaron los hechos como violaciones graves dadas las vulneraciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y seguridad jurídica de las víctimas, el impacto social y las afectaciones causadas a los familiares de la persona que murió, aunado al impacto al núcleo familiar y proyecto de vida de otra estudiante quien resultó lesionada, así como el daño causado a las otras dos víctimas.
Por ello, la Comisión Nacional concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal dado que no se encontraban frente a una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad, tampoco se advirtió que los jóvenes opusieran resistencia, mucho menos agresiones; por el contrario, se acreditó que los elementos de la GN dispararon de inmediato y de manera directa a las víctimas, sin existir causa debidamente motivada para accionar sus armas de fuego ni gradualidad en el uso de la fuerza, por lo cual su uso resultó inoportuno, innecesario y por ende excesivo.
Con motivo de lo anterior, existe una afectación al derecho a la vida de la víctima mortal, así como a la integridad personal de las otras tres víctimas, cuyo proyecto de vida fue drásticamente afectado, debido a los efectos permanentes y directos que provocaron las graves violaciones a sus derechos humanos, cuyas consecuencias han incidido en su calidad de vida, pues generaron secuelas a nivel físico, psicológico y social, como son alteraciones en su estado emocional y expectativas en sus relaciones sociales al manifestar estados de temor, ansiedad y depresión.
Sobre la recomendación de la CNDH
Con base en lo anterior, la CNDH recomendó a la Guardia Nacional inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas, y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación.
Además, que se les otorgue la atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación, según corresponda a cada una de ellas. También se recomienda gestionar una beca o mecanismo similar para garantizar que, si así lo desean, las tres personas agraviadas puedan continuar y concluir con sus estudios de nivel superior.
De igual forma, se pide que la SSPC colabore con el Juzgado encargado de la investigación en contra de las personas servidoras públicas que pudieran resultar responsables de los hechos derivados de esta Recomendación. También que colabore con el Órgano Interno de Control en la GN, a fin de que se realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos.
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MAO
