La Guardia Nacional (GN) deberá presentar los reportes pormenorizados por el uso de la fuerza que ejecutó en México entre el 27 de mayo de 2019 y el 10 de marzo de 2021, así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), después de que la GN se negara a entregar los datos al considerar que afectaría la seguridad pública y a sus elementos.
Dentro del argumento para negar la información al primer solicitante, se expresó que afectará a las funciones en materia de prevención y persecución de delitos, es por ello que el INAI aceptó el recurso de revisión, en el cual, Adrián Alcalá Méndez, Comisionado quien presentó el asunto ante el Pleno, comentó que es importante la publicación porque expone la “doble dimensión del derecho de acceso a la información”.
La revelación permitirá a la ciudadanía acceder a los datos respecto de los controles del uso de la fuerza que existen en México y, por otro lado, colaborará en la evaluación de las acciones de la institución pública para corroborar que se apeguen a los principios legales nacionales e internacionales, en consecuencia, también se verificará su eficacia en relación al desempeño de la responsabilidad de sus cuerpos policiacos.
Cabe recordar que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que los miembros de las instituciones de seguridad utilizarán la fuerza en cumplimiento de sus funciones, es por ello que siempre deben presentar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato.
Los reportes deben contener, de acuerdo al Comisionado, el nombre, adscripción, datos de identificación del agente, el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron al agente de emplear dicho nivel de fuerza y, en caso de haber utilizado, armas letales.
Durante el análisis de la situación, Adrián Alcalá Méndez comentó que los informes se localizan en el expediente personal de cada agente o elemento de la GN, es por ello que es posible exhibirlos y no pone en peligro la seguridad pública porque las conductas de los agentes son “estrictas y puntualmente reguladas” por diversos protocolos y manuales sobre el uso de la fuerza para evitar que se ejecuto de manera indebida.
Lo anterior quiere decir que, no es posible jurídicamente, clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma. Asimismo, aseguró que se deben divulgar y hacer “máxima divulgación” sobre estas normas para que las personas puede conocer si el uso de la fuerza al que hace referencia cada reporte se apega a los principios de absoluta necesidad y legalidad.
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De la misma forma, indició que el hecho de que se hagan públicos los documentos ayudará a reflejar la capacidad de reacción y el estado de la fuerza de la GN frente al crimen organizado y no organizado, ya que los datos sobre descripciones e identificaciones de toda clase de armas o explosivos medirán el nivel específico de protección que puede brindar la institución a la ciudadanía.
Bajo estos argumentos, el INAI modificó la respuesta de la NG y su clasificación invocada, por lo que se le instruyó a entregar la versión pública de los reportes pormenorizados sobre el uso de la fuerza entre mayo de 2019 y marzo de 2021.
MAEP.
