A siete años de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideran fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, así como avanzar con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.
“Desde la adopción de la medida cautelar 409/14, la CIDH brinda un seguimiento cercano al asunto de
Ayotzinapa y en el último tiempo ha podido dar testimonio de la importancia de la voluntad política del
Estado para el impulso en el caso Ayotzinapa” señaló la Comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
A partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43
estudiantes desaparecidos, hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del
ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello. Asimismo, se
han logrado avances investigativos relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes; se
están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras
declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no
había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la
responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno.
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La CIDH y ONU-DH han observado que la apertura al escrutinio internacional sienta precedentes positivos
para la investigación de los casos de desaparición en México. Resulta de suma importancia transformar
los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y
los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. Al mismo tiempo, destacan que resulta prioritario
determinar el paradero de los estudiantes; cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y
extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de
víctimas y testigos; y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones
a los derechos humanos durante la investigación.
El transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos tiene
un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que
en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. Razón por la cual es necesario
que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se
aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes.
En este sentido, la CIDH y ONU-DH expresan su solidaridad con las familias de los 43 normalistas
desaparecidos y reiteran que seguirán acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y
reparación integral. También reconocen la importante labor de sus representantes: el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Fundar – Centro de Análisis e Investigación y la organización Servicios y Asesoría para la
Paz (Serapaz), quienes representan y acompañan a las familias de las víctimas, así como la
fundamental labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) en el caso.
La CIDH, a través de su Mecanismo Especial para el Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA),
continuará prestando la asistencia técnica al Estado en el marco de la medida cautelar 409/14 que aún
se encuentra vigente; así como facilitando las labores de coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) a las investigaciones.
De igual manera, la ONU-DH refrenda su compromiso de continuar brindando asistencia técnica al
Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base de su mandato en el país y del acuerdo suscrito
por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019 en el marco de su visita oficial a
México.
