Tras las investigaciones por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertes y 25 heridos, la FGR determinó proceder penalmente contra los directivos del INM
La Fiscalía General de la República informó que procederá contra servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos el comisionado titular, Francisco Garduño y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, por su posible responsabilidad en la muerte de 40 migrantes al interior del Centro Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde también resultaron heridos 25 hombres, ante la negligencia de dejarlos encerrados con llave.
Asimismo, detalló que con las pruebas obtenidas, la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, así como de la empresa de seguridad privada ya referida.
La FGR explicó que «el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada».
Fallas en la operación del INM eran constantes
«En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos», apuntó la Fiscalía.
Asimismo, señaló que a través de dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años establecen «con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados», por lo que se libraron las órdenes de aprehensión y la vinculación a proceso en contra de los propios directivos.
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En tanto, la dependencia recalcó que la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
«También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados», reveló.
Finalmente, la FGR sostuvo que toda «esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos».