Un juez federal concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada.
En consecuencia, la FGR solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la emisión de una alerta migratoria para informar todos los movimientos de entrada y salida del exmandatario estatal.
Además es importante mencionar que el pasado 18 mayo de 2021, el juez de control Iván Zeferino Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la aprehensión del ex Mandatario por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sin embargo, Francisco García Cabeza de Vaca nunca fue detenido con este mandato de captura, gracias a que un juez federal de Tamaulipas le concedió una suspensión porque consideró que existía la duda respecto a si subsistía o no el fuero.
De esta manera, el pasado 17 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló esa orden de aprehensión, al concluir que la Fiscalía General de al Republica (FGR) no podía ejercer la acción penal contra el Gobernador, ya que el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.
Ante esto, el fallo de la Corte no fue un pronunciamiento sobre los elementos de la imputación ni sobre la responsabilidad o inocencia de García Cabeza de Vaca, por lo que dejó a la FGR el derecho a volver a judicializar el caso, una vez que el tamaulipeco dejara el cargo y ya no tuviera fuero, como finalmente sucedió.
En este sentido, la imputación contra el ex Gobernador se refiere a una triangulación de recursos públicos, a través de contratos de obra, que habrían sido empleados para que un empresario le comprara un departamento en Santa Fe de más de 42 millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, el constructor Baltazar Higinio Reséndez Cantú, a través de dos de sus empresas, recibió al menos cinco contratos por 138 millones 939 mil 168 pesos.
Enseguida, trianguló entre marzo y abril de 2018 una suma de 33.5 millones a Juan Francisco Tamez Arellano como pago por la compra de un terreno.
«Juan Francisco Tamez Arellano, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, transfirieron y recibieron recursos dentro de territorio nacional. Sin embargo, no se puede decir que establecieron una organización de hecho para ese fin y menos que hubiesen ocultado tales recursos, al estar plenamente demostrado que sí fueron declarados en las respectivas declaraciones fiscales y patrimoniales», sentenció el juez.
Así, en enero pasado Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Victoria, ordenó cancelar la orden de aprehensión contra Tamez Arellano, al concluir que no hay datos de prueba que hagan siquiera presumir que cometió los delitos imputados.
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