La FGR informó que los implicados llevaron a cabo diversas triangulaciones criminales a nivel internacional para desviar los recursos ilícitos hacia empresas controladas por García Luna
La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido órdenes de aprehensión para un total de 61 personas, relacionadas con Genaro García Luna, entre ellos Jonathan Alexis «N», Mauricio Samuel «N» y otros 58 individuos más, quienes se encuentran vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, se descubrió que estas personas se habían coludido con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como sus socios Jonathan Alexis «N» y Mauricio Samuel «N», con el objetivo de saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de dicha dependencia.
Según las averiguaciones, los implicados llevaron a cabo diversas triangulaciones criminales a nivel internacional para desviar los recursos ilícitos hacia empresas controladas por García Luna, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado. Estas acciones fraudulentas se llevaron a cabo mediante la firma de diez contratos ilícitos, que en total sumaron cinco mil 112 millones de pesos.
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La Fiscalía ha solicitado la emisión de fichas rojas para aquellos individuos que han huido del país, y también se está procediendo a realizar solicitudes de asistencia jurídica internacional para lograr la recuperación de los bienes saqueados que pertenecen a la nación.
Es importante destacar que este procedimiento penal es independiente de la denuncia pública realizada ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se refiere a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también relacionado con empresas controladas por Genaro «G», sus socios y cómplices.
En relación a este nuevo procedimiento, la Fiscalía ya está recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes que fueron sustraídos, buscando así llevar ante la justicia a todos los implicados en estos graves delitos contra el patrimonio público.
