El pasado viernes 22 de octubre, la CNDH emitió medidas cautelares a favor de 31 científicos del Conacyt acusados por presunta delincuencia organizada.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Montero, rechazó haber hecho público los datos de la investigación a 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC; a quienes pretende procesar por el presunto uso indebido de recursos como el lavado de dinero, ilícito de atribuciones y delincuencia organizada.
«A todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondientes y que tengan derecho a ellos, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio; y en ningún momento, se le ha expuesto a los medios de comunicación, ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes», respondió la FGR en un comunicado.
La institución señaló en un comunicado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares en favor de los involucrados en el caso, que calificó como una «persecución mediática y ministerial» y criticó la divulgación de información relevante de la indagatoria.
La medidas cautelares de la CNDH, aseguran que la FGR debe de abstener en primer lugar la exposición a la opinión pública las actuaciones que solo debe conocer la autoridad ministerial; en segundo dar a conocer públicamente nombres de personas a quienes no se les impute ningún delito; en tercer lugar, llevar a cabo actuaciones e información que comprometa el debido proceso, y por último; dar a conocer información que perjudique la dignidad y el honor de las personas quejosas.
«Ha cuidado y cuidará el debido proceso de éste y en todos los casis en los que interviene», aseguró el Ministerio Público de la Federación.
Por último, la Institución mencionó que se debe tomar en cuenta que los agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, peritos y personal de apoyo, así como las personas que están cumpliendo con sus funciones.
«Son merecedoras de las medidas necesarias para protegerse de sus derechos humanos, que están amparando por el orden jurídico mexicano», explicó.
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B.D.V.S
