Dicha estrategia sólo se basa en el desarrolló económico y no en garantizar la protección y uso de información de datos
De acuerdo con el reporte “Estrategias Nacionales de Ciberseguridad: Enseñanzas y reflexiones de las Américas y otras regiones”, redactado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consultoría Global Partners Digital, recordó que el proyecto de construcción par una Estrategia Nacional de Ciberseguridad para México, comenzando con la colaboración de mesas de discusión entre sectores públicos, privados, civiles y académicos.
Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el cual fue publicada la Estrategia, ésta tuvo como motivación el desarrollo del carácter económico, en comparación con el compromiso de la protección de datos e información, esto, como consecuencia a impulsar acciones que priorizan la política de seguridad informática; además, promueve a las organizaciones, tanto privadas como públicas, hacer un uso responsable de las Tecnologías de la Información (TIC).
La OEA menciona en el reporte que este proyecto es una construcción de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad para México, el cual comenzó entre la colaboración de los sectores públicos, privados, así como los civiles y la academia para la creación de un documento que diversifica el compromiso del Poder Ejecutivo y la implementación de un Subcomité de Ciberseguridad dentro e la Secretaría de Gobernación (SEGGOB).
De igual manera, el reporte mencionó que el Estado mexicano hizo público la Estrategia Nacional Digital 2021-2024, la cual enfatiza una revisión enfocada en mejorar y optimizar su marco regulatorio, así como la maximización del flujo de la información y en las estructuras, la cual ofrece una perspectiva basada en la seguridad de los datos, la integración para eficiencia de gestión de procesos y el acceso a zonas sin cobertura de internet.
En conformidad con la comparación de las estrategias de otros países hecha por la OEA, en torno a la seguridad informática en la cual se incluyen a Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México, se estableció que la propuesta de la 4T, se establece en el desarrolló económico y no en garantizar la protección y uso de información de datos; asimismo, el marco regulatorio mexicano busca encontrar coincidencias entre la regulación existente, incluidas las legislaciones en materia de protección de datos personales y de protección de infraestructuras críticas, con las necesidades regulatorias en materia de delitos cibernéticos.
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Cabe destacar que Belice dio como plazo de tres a cinco años para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Estado Mexicano; no obstante, el Gobierno de la 4T estableció un lapso de entre cinco a 10 años para cumplir con el objetivo.
LC
