Este viernes marca el vencimiento del plazo establecido para la aprobación y promulgación de reformas electorales que regirán las elecciones de 2024, tanto a nivel federal como local. Sin embargo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron a los medios de comunicación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede resolver en cualquier momento el destino del Plan B.
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En conferencia de medios en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo Loza, uno de los consejeros, explicó que si la Corte decide realizar una «interpretación extensiva», determinará si la reciente reforma se ajusta o no a lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución. Dicho artículo establece que las leyes electorales, tanto federales como locales, deben ser promulgadas y publicadas al menos noventa días antes de que comience el proceso electoral al que se aplicarán, y durante el mismo no pueden haber modificaciones legales fundamentales.
«La Corte, como máxima autoridad de interpretación constitucional, podría determinar que estos efectos también se apliquen a sus resoluciones; habrá que esperar a su decisión», señaló Castillo.
Anteriormente, la consejera Claudia Zavala había destacado que este artículo constitucional está dirigido a los legisladores. Añadió que el plazo de 90 días «no se aplica a la Suprema Corte», el máximo tribunal encargado de determinar el alcance de sus resoluciones en lo referente a las reglas electorales.
En cuanto a la existencia de un plan alternativo en el INE en caso de que la SCJN apruebe parcial o totalmente la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la consejera Dania Ravel Cuevas indicó que no tienen delineado un escenario distinto.
«En cuanto a si hay un plan B para el Plan B, no lo hay, porque tenemos una instrucción de la Suprema Corte que concedió una suspensión. No podríamos incurrir en desacato y haber realizado alguna actividad para no implementarlo. Eso también hubiera implicado un desgaste institucional para algo de lo cual no teníamos certeza si se iba a implementar o no», explicó Ravel.
Durante la conferencia de prensa conjunta en la que participaron la mayoría de los once consejeros, se mencionó que el comité encargado de planificar los cambios relacionados con la reforma, que incluye una modificación sustancial en la estructura del INE, suspendió sus trabajos debido a la suspensión otorgada por el ministro Laynez.
Ravel precisó que el reglamento de elecciones establece que el plan integral y los calendarios del proceso electoral federal 2023-2024 deben aprobarse antes del inicio del proceso electoral, sin una fecha exacta establecida. Posteriormente, el consejero Martín Faz mencionó que la Junta General Ejecutiva aprobaría el cronograma en junio y el consejo general lo ratificaría en la sesión del 20 de julio, incluso teniendo el mes de agosto para hacerlo, más allá de los términos de la resolución de la Corte sobre el Plan B.
