El acuerdo con el nuevo Código de Ética entrará en vigor este martes 24 de mayo.
El acuerdo por el que se emite el Código de ética de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República (FGR) así como las reglas de integridad para el ejercicio de la procuración de justicia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De esta manera, el documento establece las bases, principios y valores fundamentales que fortalezcan el servicio ético e íntegro de las personas servidoras públicas que realizan sus funciones en la FGR y busca incidir en su comportamiento y desempeño para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.
Referente al código de ética estipula la función de las personas públicas de la Fiscalía, la cual se basa en observar irrestrictamente en actuar con legalidad y honradez, para conducir con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para poder obtener o pretender algún beneficio y no buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas , obsequios o regalos de cualquier persona física o moral, con el ejercicio público que implica un alto sentido de responsabilidad y vocación de servicio.
Así también, deben de actuar con interés público, respeto, entorno cultural y ecológico, cooperación, liderazgo y equidad de género. Además, deberán respetar las reglas de integridad basada en la actuación pública, donde se debe conducir su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Por otro lado, la información pública, conducirá su actuación conforme al principio de transparencia y resguardarán la documentación e información que tienen bajo su responsabilidad.
Asimismo, las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones deberán ser transparentes con imparcialidad y legalidad cuando participen, por sí o a través de personal subordinado, en contrataciones públicas, orientando sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantizando las mejores condiciones para el Estado.
En cuanto a los trámites y servicios, atenderán a usuarias y usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial, cuando participen en la prestación de un trámite o en el otorgamiento de un servicios. Los recursos humanos deberán de apegarse cuando participen en los procedimientos en materia de recursos humanos y de planeación de estructuras, a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, administrarán los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los procesos de evaluación, se apegarán en todo momento, cuando participen en procesos de evaluación, a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
El control interno generarán, obtendrán, utilizarán y comunicarán, durante su participación en procesos en materia de control interno, información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Por su parte, el procedimiento administrativo, fomentarán, durante su participación en procedimientos administrativos, una cultura de denuncia, respetarán las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.
Mientras tanto el desempeño permanente con integridad, actuará con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética y de manera profesional, el comportamiento digno, se establecerá en forma digna, sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento sexual o acoso en cualquiera de sus modalidades, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.
Finalmente los programas gubernamentales participarán a través de sus colaboradores en la operación de programas gubernamentales, garantizarán que éstos se apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.
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