El mal uso del sistema judicial contra la libertad de expresión se ha registrado en al menos el 80 por ciento a nivel mundial, por lo que se trata de supuestas leyes para combatir la desinformación que en realidad incentivan al acoso contra periodistas, así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Asimismo, la Organización puntualizó la importancia del mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión, tendencias, desafíos y respuestas, donde lamentó el hostigamiento continuo contra el gremio a través de demandas penales y acusaciones civiles.
“Varios países han endurecido o reintroducido las disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria al declarar nuevas leyes que pretenden abordar la ciberseguridad, las ‘fake news’ y la incitación al odio (pero) además de la difamación penal, se ha incrementado el uso de la difamación civil, que a menudo da lugar a daños desproporcionados y tiene un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.
Asimismo, y en relación a que los principales promotores de estas demandas por supuesta difamación provienen de empresarios y actores políticos, las SLAPP se usan con frecuencia para disuadir a los periodistas de cubrir ciertos temas de interés debido al constante hostigamiento, por lo que la Unesco hizo un llamado a derogar estas leyes en contra del daño moral que se mantienen en 160 países de los cinco continentes.
“La Unesco sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de la utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”, urgió Taefik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información de la agencia de las Naciones Unidas.
DEMANDAS CONTRA EL GREMIO: LOS MÁS AFECTADOS
Además, es importante mencionar que este tipo de prácticas se mantienen principalmente en los países de América Latina y el Caribe, donde 29 de los 33 países de la región mantienen en sus constituciones la penalización de la difamación.
Le siguen Europa Occidental y América del Norte, donde estos procesos penales contra el daño moral permanecen en los estatutos de 20 de las 25 naciones que llegan incluso a sanciones privativas de la libertad.
En México, por ejemplo, este tipo de faltas se contemplan en el Artículo 1916 del Código Civil Federal, el cual establece que el responsable deberá indemnizar económicamente al afectado el cual será determinado por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso.
Uno de los casos más destacados en este sentido fue la disputa legal que emprendió el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el periodista y académico Sergio Aguayo, a quien acusó de daño moral tras la publicación de una columna donde denunció la corrupción del exmandatario priista.
Por ello, la Unesco solicitó a los países miembros de la ONU derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil “adecuada”, cumpliendo con los estándares de normas internacionales. A su vez, pidió a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios periodistas generar y participar en campañas de sensibilización hacia los lectores para evitar este tipo de acciones en contra de los comunicadores.
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