El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad (ONC), en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), presentó el Estudio de Gasto Público 29019-2021.
La investigación indica que el gasto púbico en seguridad asignado a la actual administración federal se mantiene, esto debido a que continúan ejerciendo el enfoque reactivo y no preventivo.
El documento señala que el gasto público, en este eje, disminuyó 0.20% del PIB en 2019 a 0.18% en 2021. Mientras que en el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, aumentando de 0.55% del PIB en 2019 a 0.56% en este año.
Otro hallazgo relevante realizado por el estudio es que, en México, el gasto público en seguridad es insuficiente. De cada peso que se gasta en esta materia, solo 21.4 centavos los ejerce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 5.8 centavos la Fiscalía General de la República.
Francisco Rivas, director general del ONC, aseguró que estas cifras demuestran la falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido.
Aseguró que el control de gasto público en seguridad disminuyó, pues, de los 36 mil 531 millones de pesos aprobados en 2019, se utilizaron 35 mil 511 millones de pesos extras en la Defensa Nacional y mil 427 millones adicionales para la Marina.
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Estos detalles también se observan en la conformación del gasto para la Guardia Nacional: entre 2020 y 2021, el presupuesto aprobado para dicha institución pasó de 3,974 millones a 35,672 millones de pesos, la mayor parte serán destinados a la construcción de cuarteles y no a mejorar capacidades y desempeño, informa el estudio.
En contraste se redujo el presupuesto designado al Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Esta reducción, afirman “pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75% de los delitos de alto impacto”.
El documento publicado por el ONC expresa la preocupación por la reducción del 11.8% en los recursos económicos asignados a la seguridad destinados a la investigación de delitos referentes a la delincuencia organizada, cuando las carpetas de investigación por estos mismos apenas se redujeron 5% entre 2019 y 2020.
El ONC hizo un llamado a mejorar los mecanismos de instrumentación, planeación y evaluación de “programas prioritarios” en materia de seguridad pública para sustentar la toma de decisiones de las autoridades.
AS.
