El diputado Gerardo Peña Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa destinada a endurecer las penas por robo al autotransporte de carga en México, con el objetivo de disuadir y combatir este delito que ha experimentado un aumento alarmante en los últimos años.
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La propuesta de reforma se dirige al artículo 376 Ter del Código Penal Federal y sugiere que aquellos que cometan el delito de robo contra personas que utilicen servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, enfrenten penas de prisión de ocho a 15 años, en lugar de las actuales seis a 12 años, cuando el objeto del robo sean mercancías.
Además, se plantea que la pena sea de dos a nueve años de prisión, en lugar de dos a siete años, cuando el robo se limite únicamente a equipaje o valores de turistas o pasajeros, sin importar el valor de lo robado.
La iniciativa surge como respuesta al incremento del delito de robo al autotransporte de carga, tanto por fuero común como fuero federal, que registró un aumento del 7.3 por ciento de enero a octubre de 2022 en comparación con el mismo período de 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de la República (FGR), citados por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.
A pesar de la federalización del delito de robo al autotransporte en 2018, el problema ha persistido y ha evolucionado. Los delincuentes han intensificado la frecuencia del delito y su nivel de violencia, lo que requiere una respuesta legislativa más contundente.
El diputado Peña Flores destacó la importancia del sector del autotransporte de carga en México, ya que moviliza el 82 por ciento de la carga terrestre en el país, equivalente al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, distribuye el 56 por ciento de la carga nacional, superando al transporte marítimo y ferroviario en términos de participación.
La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad en el sector del autotransporte de carga y proteger a sus trabajadores, así como contribuir a la estabilidad económica y el crecimiento del país al mantener en funcionamiento una industria crucial para la economía nacional. La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Justicia para su consideración y discusión.
