En julio de 2020, Emilio Lozoya Austin fue extraditado de España a México y se le acusó de presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos cuando ejerció como Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo, a un año del caso, un juez federal aplazó por tercera ocasión las audiencias que se tenían contempladas para esta semana.
La defensa del exfuncionario federal solicitó a las autoridades más tiempo, esto con el fin de recabar datos de peritajes sobre algunas cuentas en Europa, así como concluir la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
Un juez dio la autorización de un plazo de 30 días para cerrar el caso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, por lo que a mediados de agosto sus asesores jurídicos deberán acudir con los datos.
Lozoya cumplirá un año desde que fue vinculado a proceso, luego de que la FGR le atribuyera el haber recibido presuntos por 12 millones y medio de dólares a cambio de darles beneficio en distintos contratos.
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Cabe mencionar que desde su extradición, el exdirector de Pemex mencionó su disposición a colaborar con las autoridades dando a conocer a más personajes involucrados en temas de corrupción y otorgando pruebas. Sin embargo, solo tenía seis meses para hacerlo, finalizando así su plazo en enero de 2021, en caso de no presentar nada, la Fiscalía tendría que concluir la indagatoria y presentar la acusación formal para llegar al juicio.
Ante esto los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, defensa del exfuncionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, presentaron la solicitud para concluir con la estrategia de colaborar con la FGR y reunir evidencia con la que se dará como inocente a Emilio Lozoya.
“La defensa de Lozoya Austin argumentó que su representado requiere más tiempo para concluir dos peritajes en materia contable, así como concretar la recepción de estados de cuenta bancarios provenientes de Alemania y Suiza, mismos que debido a los tiempos que requiere la gestión en el ámbito de la cooperación internacional, están pendientes de ser remitidos a México, además de que deben ser traducidos al español por peritos debidamente acreditados”, señaló un funcionario consultado.
Finalmente, los jueces de control con sede en el Reclusorio Norte dieron por aprobado por tercera ocasión la ampliación de la audiencia que fue programada para la segunda semana de agosto.
