Un tribunal ordenó denunciar penalmente al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al anterior secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Thalía Lagunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por desacato a una suspensión para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos.
El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa fue quien ordenó presentar la denuncia contra los funcionarios mencionados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa. La resolución fue tomada luego del juicio de amparo presentado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP).
“A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”, señaló el tribunal.
Cabe señalar que, durante el juicio de amparo, la AMOHP denunció la falta de medicamentos para combatir el cáncer, lo cual impidió prestar atención a 260 niñas, niños y adolescentes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Guerrero, Chiapas.
Tras negar la solicitud por parte del Juzgado Cuarto de Distrito, tras por el pronunciamiento sobre la suspensión con efectos y consecuencias similares en 2020, el organismo interpuso un recurso de queja contra el acuerdo.
Por ello, el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó la suspensión a la AMOHP para que las autoridades gestionaran el suministro de medicamentos a sus pacientes.
Por su parte, el organismo interpuso un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, según los efectos que había concedido el tribunal. Asimismo, el pasado 16 de julio, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia administrativa presentó la querella ante la FGR, dependencia que debía integrar una carpeta de investigación por el delito de desacato y justificar la decisión de no presentar cargos, en caso de que así fuera.
Las penas por el delito de desacato a una suspensión, van desde multas de cincuenta a quinientos días, inhabilitación para desempeñar un cargo de tres a nueve años, así como de tres a nueve años de prisión.
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En tanto, el Gobierno Federal anunció el pasado 20 de julio que resolvió el desabasto de medicamentos, tras invertir 76 mil 969 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
En la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó de la compra de un total de mil 842 claves, que representan más de 2.62 millones de piezas, un avance del 93.5 % del volumen requerido.
