Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, su vocero Jesús Ramírez Cuevas y otros funcionarios de la Presidencia de la República por presunta violencia política de género dirigida hacia ella.
La senadora presentó un escrito ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para iniciar un Procedimiento Especial Sancionador en contra de López Obrador, sus funcionarios y cualquier otra persona responsable, basado en la difusión y reproducción de frases, declaraciones y manifestaciones en redes sociales que presuntamente constituyen violencia política de género.
En su escrito, Gálvez solicitó la emisión de medidas cautelares para frenar las acciones denunciadas. Entre los servidores públicos señalados en la queja se encuentran el director general de Comunicación y Estrategia Digital, el director del CEPROPIE, la directora general de Comunicación Social y el jefe de Departamento Adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador insistió en que el proyecto de Gálvez no está funcionando y afirmó que la oposición utilizará la violencia en el país para atacar a la Cuarta Transformación. Asimismo, hizo referencia a Gálvez y la asoció con personajes de la política pasada, mencionando que serían títeres de la oligarquía.
El presidente también aseguró que aquellos que lo sucedan en la conducción del movimiento de transformación serán personas independientes y autónomas, cercanas al pueblo y con experiencia política y honestidad.
Por último, López Obrador señaló que la oposición no podrá avanzar, incluso si lanzan ataques a través de los medios de comunicación, ya que considera que los próximos líderes serán personas preparadas y comprometidas con el pueblo.
Cabe destacar que la denuncia presentada por Xóchitl Gálvez ante el INE busca que se investiguen los presuntos actos de violencia política de género y se tomen las medidas correspondientes en caso de comprobarse dichas acciones.
