La violencia en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos no se detiene en 2022. De acuerdo con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Once periodistas fueron asesinados y, en todos los casos, los crímenes ocurrieron en el interior del país, donde el crimen organizado se encuentra arraigado. No se descartan, sin embargo, vínculos políticos en ninguno de los homicidios.
«La constante ante esta violencia sigue siendo la impunidad. Ningún caso fue resuelto y, aun cuando se supone que son investigaciones abiertas, ninguna autoridad ha confirmado la detención de los autores intelectuales ni materiales de estos crímenes», advirtió en su informe para el caso México.
Se señaló que la reacción de las autoridades solo es lamentar el asesinato de reporteros y prometes investigaciones, además de asegurar que los medios utilizan los casos para hacer “amarillismo” y denostar al gobierno con exageraciones. Ante las altas tasas de criminalidad, el gobierno alimentó el debate proponiendo que la Guardia Nacional dependa del Ejército y no de instancias civiles.
«Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de acusar a los periodistas de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno. Argumenta que los ataques periodísticos se deben a que los medios y periodistas han perdido privilegios de publicidad y prebendas».
En ese marco, la Alianza de Medios, mencionó que en su conferencia mañanera de los miércoles, el Presidente mantiene su sección «Quién es quién en las mentiras», en la que refuta a los medios críticos contraargumentando falsedades, datos parciales o haciendo desmentidos sin ofrecer pruebas. Presionado por la cantidad de periodistas asesinados, el Presidente dijo que en 15 días presentaría un informe sobre las investigaciones, lo que no cumplió o lo hizo de forma parcial ante la falta de avances.
Artículo 19 presentó un informe sobre el primer semestre del año en el que documentó 331 agresiones contra la prensa y destacó que el Estado sigue siendo, desde hace 15 años, el principal agresor contra el periodismo. Durante el actual gobierno el gasto en comunicación social para anunciar acciones y políticas se ha venido reduciendo año tras año. Existe una práctica discrecional y opaca para la asignación de publicidad oficial.
El 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte determinó que el Congreso debía corregir las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, porque permitía el gasto discrecional en materia de publicidad gubernamental. También señaló que deberían establecerse criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento.
La Cámara de Diputados, controlada por el partido oficial Morena, tenía una prórroga judicial para corregir la ley hasta el 30 de abril de este año. Argumentó que la prórroga era hasta octubre de este año, pero todavía no hizo correcciones.
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