La Confederación Patronal de la República Mexicana comunicó que la iniciativa de Outsourcing presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador violenta acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones y es una amenaza para el crecimiento y creación del empleo formal.
La confederación dice que con la iniciativa, el gobierno no acata el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual promueve el tripartismo y el diálogo social. Por lo que obliga a la administración federal a consultar y luego decidir. Así como una condición indefensa a 4 millones 600 mil personas que utilizan esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país por el T-MEC.
Esta iniciativa, continúan, tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada pues prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando estos actos como defraudación fiscal.
En este sentido, agregan que la Coparmex está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal.
Por lo que está a favor de acabar con esas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno generado por la subcontratación laboral legal por lo que se debe regular, no prohibir.
Añade que este modelo laboral se reconoce y se utiliza en todo el mundo por lo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, se fomenta el empleo, la economía formal y la inversión. Llaman a construir un nuevo andamiaje legal a partir del consenso con el sector privado, ya que se tenía el compromiso del Gobierno Federal de que así fuera y ello no se cumplió.
Tras la reforma anticipan el riesgo de un triple daño: un deterioro mayor en la crisis económica, aumento de la informalidad y la inhibición a creación de nuevos empleos.
Consideran que se requiere autorización por parte de la STPS para que las personas físicas y morales puedan brindar sus servicios, pero ahora con carácter especializado y que se deberá renovar cada 3 años por lo que podría convertirse en una barrera democrática.
Por otra parte, la inhibición de creación de empleo en un momento muy delicado en el que se enfrenta una crisis económica más severa y de mayor duración en el último siglo pues 12 millones de personas perdieron su empleo en la pandemia.
El último daño sería el aumento de la informalidad y es de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México.
El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. Debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado.
Finalmente, la COPARMEX insta al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal a retomar el compromiso de diálogo social que permita avanzar en una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
