El Gobierno de México, a través de la estrategia Cero Impunidad, logró sentencias de hasta mil 650 años de prisión para secuestradores; Informó el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio.
Durante la conferencia matutina de la presidente Andrés Manuel López Obrador, efectuada en Culiacán, Sinaloa, destacó dicha condena dictada contra Christian “N” y Santiago “N”, integrantes del Cártel del Golfo, por el secuestro de 75 personas en Reynosa, Tamaulipas, en 2013.
“Esta es una de las sentencias más altas logradas por la procuración de justicia federal en nuestro país”, aseguró.
Mientras que por el asesinato e incineración de 19 personas, 17 de ellas centroamericanas, en Camargo, Tamaulipas, 12 ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal fueron sentenciados a 50 años.
A un cómplice más se le impuso una pena de 19 años por abuso de autoridad y contra la administración de la justicia. Los homicidios se registraron el 21 de enero de 2021.
Jesús “N”, Herminio “N” y Carlos Alberto “N”, se les impuso una pena de 20 años de cárcel por el homicidio de Mario Alejandro “N”, ex militar y escolta del sentenciado, Jesús “N”, en Las Choapas, Veracruz.
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El subsecretario Rodríguez Bucio, informó sobre siete extradiciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) a diversas Cortes de los Estados Unidos por los delitos de feminicidio, homicidio y abuso sexual contra menores de edad.
Indicó que del 17 octubre al 13 de noviembre se detuvo a Rubén “N”, acusado de los feminicidios de sus dos hijas, esposa, hijastra y suegra, en Los Mochis, Sinaloa.
También se capturó a Juan Esteban “N”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, y primo de José Antonio “N”, alias “El Marro”.
El funcionario federal se refirió a la vinculación a proceso de Alfonso “N”, acusado de delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo; se le confiscaron 2 millones 597 mil 543 pastillas.
Citó los casos de jueces que protegen, con sus decisiones, a presuntos delincuentes, como el juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz, José Ezequiel Santos Álvarez.
El juzgador otorgó un amparo al exalcalde de Tierra Blanca, Tito “N”, el pasado 23 de abril, para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso por delitos ambientales, incluso ordenó su inmediata libertad.
En tanto, el juez primero de Distrito en Veracruz, Fermín Santiago, otorgó un amparo a Rogelio “N”, ex secretario de Gobierno del estado, para no procesarlo por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público.
Rogelio “N” fue acusado de contratar de manera ilegal a una empresa extranjera, presuntamente, para posicionar la imagen política al hijo del entonces gobernador en la elección de 2018.
Otro caso fue el de la jueza primera de Distrito de Procesos Penales y de Amparo en Materia Penal en Veracruz, Zarahí Escobar, quien otorgó un amparo a Gabriel “N”, ex oficial Mayor de la Secretaría de Educación estatal; subsecretario de Finanzas y de Administración, así como secretario del Trabajo del 2011 al 2016.
Con dicho instrumento jurídico se dejó insubsistente la audiencia en la que se impuso prisión preventiva justificada, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, se refirió el caso del ex procurador General de la República, Jesús “N”, ya que juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte, José Rivas, usó el encargo de la guardia para sustituir al juez titular.
Además, cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, argumentando cuestiones de salud.
Expuso el caso de dos jueces que suspendieron la entrada en vigor de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se extinguen trece fideicomisos.
El juez Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió una suspensión provisional para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar los efectos legales de la reforma, cancelar o extinguir los fideicomisos, que suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos los fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
La jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, otorgó una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial para que las cosas se mantengan en el estado que guardan.
