La CNDH reconoce la solidaridad de organizaciones de sociedad civil y el apoyo a quienes se encontraban en los campamentos, casas y albergues para migrantes.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presenta el “Informe Especial de la CNDH sobre los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) – Programa Quédate en México 2019-2021. Análisis de su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad en México”, a fin de visibilizar las implicaciones que, en materia de acceso a sus derechos tuvo la implementación para las personas de nacionalidad diferente a la mexicana que solicitaron asilo en los Estados Unidos de América (EUA) y que, entre enero de 2019 y junio de 2021, debieron esperar en México la cita en las cortes de aquel país para continuar con su trámite de resolución.
Para la CNDH es muy preocupante el anuncio del reinicio del Programa “Quédate en México”, a partir del 6 de diciembre de 2021, lo que podría agravar las condiciones, de por si lamentables, en las que se encuentran miles de personas migrantes a lo largo de la frontera norte. Nos preocupa especialmente el alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes, varados en la frontera, sin el apoyo necesario para generar sus planes de protección.
El MPP se desarrolla en medio de la compleja problemática migratoria que ha existido por mucho tiempo entre nuestro país y Estados Unidos de América. La primera consecuencia que derivó del Programa “Quédate en México” fue que la espera de las personas en nuestro país para la cita con la que continuarían su trámite de refugio en EUA, aconteció en condiciones muy precarias: hacinamiento, insalubridad y miedo vulneraron su seguridad humana. Además, el Informe Especial documenta que al grupo de quienes estaban inscritos en las listas del MPP se fueron sumando otras personas solicitantes de la condición de refugiadas, así como mexicanas y mexicanos en situación de desplazamiento forzado interno.
Para la CNDH, la atención a las personas en contexto de migración ha sido motivo de gran preocupación institucional debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, en particular, los grupos en mayor riesgo como niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, y las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Entre 2019 y 2021, la CNDH materializó sus facultades emitiendo constantes solicitudes de medidas cautelares a los distintos órdenes de gobierno en favor de las personas bajo el MPP, con el objeto de impulsar acciones específicas para la dotación de servicios de salud e higiene, suministro de medicamentos, medidas de seguridad frente a posibles actos de violencia, entre otros. Asimismo, dado el contexto de incertidumbre que provocó el virus SARS-CoV2, también fueron solicitadas medidas de prevención e identificación de la enfermedad para impedir o reducir al mínimo su propagación y efectos adversos en la población migrante.
Es importante tomar en cuenta que las personas en contexto de migración viajan regularmente en condiciones de gran precariedad, con escasos recursos económicos, y, si a eso se añade que la espera en México para continuar con el proceso de resolución sobre su solicitud de reconocimiento de refugiados en EUA duró más de dos años, y que las instituciones del Estado mexicano, tanto federales como estatales y municipales no estaban preparadas para atender esta situación extraordinaria, se generaron condiciones de crisis humanitaria. Por lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas, la CNDH identificó también otras carencias esenciales para su buen desarrollo físico y psicoemocional, realizando las gestiones necesarias para su atención.
La Comisión Nacional reconoce la solidaridad de organizaciones de sociedad civil y de personas que apoyaron a quienes se encontraban en los campamentos, casas y albergues para migrantes, que durante más de dos años, ofrecieron espacio, asesoría jurídica, atención y servicios. Asimismo, celebra el esfuerzo ante esta situación inédita del entramado institucional del país.
Dentro de las propuestas contenidas en el Informe, la presidenta de la CNDH subraya las siguientes:
La CNDH hace un llamado a los tres niveles de Gobierno para velar por las personas migrantes que se encuentran en el territorio mexicano y, en particular, las sujetas al Programa “Quédate en México”, de modo que tengan acceso a un alojamiento digno, alimentos, servicios de salud y a la vacuna contra el COVID-19, así como a trabajo y educación mientras esperan su respectivo procedimiento.
Se exhorta de manera especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que, mediante su trabajo diplomático, haga saber al gobierno de Estados Unidos de América la urgencia de poner fin a un Programa que vulnera, entre otros, el principio de no devolución, y a buscar mecanismos multilaterales para atender las causas que han obligado a tantas personas a abandonar sus lugares de origen para solicitar refugio en aquel país.
México debe fortalecer la inversión para consolidar un sistema de acogida integral, protección temporal e integración de las personas solicitantes de asilo, en el que participe la Secretaría de Salud Federal y las Estatales; el Sistema Nacional DIF y los sistemas DIF estatales, la Secretaría de Bienestar federal y las estatales; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Secretarías del Trabajo en los estados, los programas de atención a migrantes en las entidades federativas, así como todas las autoridades con competencia en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Es necesario que el Congreso de la Unión desarrolle los instrumentos jurídicos y presupuestales necesarios para atender a las personas que quedan sujetas a las emergencias migratorias. El legislativo deberá dar trámite a la Ley en materia de desplazamiento forzado interno, pues ha resultado evidente que los casos aumentan, y las personas se desplazan hacia la frontera norte, con el objetivo de solicitar asilo en Estados Unidos de América.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debe trabajar con la Secretaría de Hacienda para generar mecanismos que garanticen que todos los albergues para migrantes que existen en el país tengan los recursos necesarios a fin de cumplir con los estándares para prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, en particular respecto a la atención médica y servicios psicológicos.
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B.D.V.S
