Andrés Manuel López Obrador, informó que buscarán un acuerdo con los proveedores de los servicios en los penales privados, de lo contrario empezarán una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
Por su lado, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que la revisión de los ocho contratos de prestación de servicios, se realizó en conjunto con el consejero jurídico de la presidencia.
Existen ocho centros penales en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Femenil en Morelos, Michoacán, Coahuila y Guanajuato. Estos tienen un convenio con el Gobierno, suscrito en siete de ellos el 27 de diciembre de 2010, mientras que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2021, explicó.
La secretaria de SSPC, informó que el gasto anual en 9 años por los centros penitenciarios privados es de 75 mil 661 millones de pesos, el monto pendiente por pagar es de 190 mil 638 millones de pesos que corresponderá hasta el 2032, 2036 y 2037.
Lo que da un costo total aproximado, a 20 años, de 266 mil 300 millones de pesos, aunque depende de los índices de costos, aclaró Rosa Icela.
También dijo que, en total del gasto en 2020 fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 PPL en prisiones federales privadas. El gasto por PPL al año es de un millón 375 mil 65 pesos, al mes 114 mil 588. 72 pesos y al día 3 mil 819.62 pesos.
Los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villareal Guerra, el coordinador general de Centros Federales, Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villareal Gutiérrez, ex director de adquisiciones.
Estos contratos tuvieron lugar en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el secretario de seguridad era Genaro García Luna, resaltó Rosa Icela.
Actualmente, la capacidad en los centros penitenciarios son: en Sonora del 78%, con mil 975 Personas Privadas de la Libertad (PPL); en Guanajuato 76%, con mil 912 PPL; Oaxaca 57% con mil 493 PPL; Durango 72%; Chiapas 52%; el femenil de Morelos 32%; Michoacán 48% y Coahuila 69%. Lo que da un total de 12 mil 248 PPL.
El consejero jurídico dijo que este contrato fue por adjudicación directa.
El presidente recordó que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General, que tiene que ver con la situación de Genaro García Luna.
López Obrador pidió que se hable con los prestadores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, ya que lo considera un abuso. El acuerdo debe ser en beneficio a la hacienda pública, aclaró.
Empezará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo, explicó el mandatario. Además, resaltó que estas empresas están muy vinculadas a políticos.
Esto es un ejemplo de lo que no quieren que continúe en el Gobierno. “Privatización, sinónimo de corrupción”, dijo López Obrador.
También, afirmó que la situación explica el ataque de los medios, ya que una de las empresas es dueña de un medio de comunicación.
“Ofrecemos disculpas por las molestias que esto genera pero la transformación va”, por este tipo de gastos es que no alcanzaba el presupuesto, aseveró el presidente.
