Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), o podrá ser investigado por el caso La Estafa Maestra donde presuntamente hubo un desvío de 82 millones 800 mil pesos. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió por mayoría el amparo.
“conceder en última instancia el amparo al ex funcionario contra la reapertura de la indagatoria, al concluir que el delito que le imputaban, el uso ilícito de atribuciones y facultades, está prescrito”.
Esto fue concedido bajo la instancia de revisión contra la decisión de reabrir la investigación que fue ordenada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), denunció a Lozada Aguilar el cinco de abril de 2019 en el que se solicitó que se extendiera la investigación al rector de la Universidad Popular de la Chontalpan (UPCH), Pedro Javier Muñoz, además de los últimos dos representantes de esta institución, Tobías Francisco Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso.
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En el documento señalaron el presunto desvío de 82 millones 800 mil pesos en un convenio suscrito en 2012 entre Pemex PEP y la UPCH, que se llevó a cabo por los servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros. Durante la firma de dicho convenio, Miguel Ángel Lozada se encontraba con administrador activo, además de estar adscrito a la subdirección de Producción Marina Noroeste de Pemex.
“El monto del desvío corresponde a la diferencia entre el contrato original por 140 millones de pesos con un acuerdo modificatorio de hasta 6 millones de pesos adicionales, y el pago de los servicios que subcontrató la universidad, por 64.4 millones de pesos”
De acuerdo con el expediente, el contrato se terminó de forma anticipada el 14 de marzo de 2014. Cabe mencionar que el 2 de julio de 2019 la FECC dio orden de archivar la investigación ya que «no se tenían los elementos suficientes» para continuar, así mismo, consideró que desde el 29 de junio de 2018 «había prescrito el delito»
Con información de Reforma.
GPP
