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AMLO consideró que la Consulta Popular no fue un fracaso

por | Ago 2, 2021

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes no fue un fracaso, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que la participación ciudadana fue de el 7.74 por ciento, muy lejos del porcentaje mínimo para que el ejercicio sea vinculatorio.

El mandatario detalló que el INE no tuvo el “entusiasmo para la organización y que los medios de información se encargaron de no hablar sobre el ejercicio público», y señaló que dirán que fue un fracaso.


«Los que no procesan con autenticidad la democracia como forma de vida y de Gobierno, y los medios de información van a decir ‘fracaso’. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca.»


Con información del INE, solo participaron 6.6 millones de personas y se requería la opinión de al menos 37 millones (casi el número de personas que votaron por él en 2018), para hacer valida la consulta. López Obrador tomó como un triunfo ese número de personas, a pesar de que consideró confusa la pregunta.

Sin embargo, el Titular del Ejecutivo aseguró que la baja asistencia de la ciudadanía no impide la posibilidad de que “haya juicios”, debido a que las autoridades tienen el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales.

La consulta en números

El ejercicio ciudadano del primero de agosto tuvo un costo de 528 millones de pesos, utilizados para la impresión de boletas, las cuales fueron hechas con papel bond. Además de la instalación de las casi 157 mil mesas receptoras, encargadas de contar las opiniones de los mexicanos.

En la consulta solo participaron 6.6 millones de personas, lo que quiere decir que el costo por voto registrado fue de 80 pesos. Sin embargo, quedan dentro del gasto las boletas que no fueron utilizadas y las mesas receptoras que no fueron colocadas.

Aunque la consulta hipotéticamente hubiera sido un éxito, el juicio no podría llevarse acabo porque, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, se estaría atentando contra los derechos humanos de los expresidentes que gobernaron al país desde 1988 hasta 2018.

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