El vocero presidencial, Jesús Ramírez, anunció el relanzamiento de la campaña para “prevenir las adicciones” que se centraría en advertir sobre los efectos del consumo de drogas y, también, de videojuegos.
Ante la enumeración de acciones realizadas en los últimos años una reportera le preguntó por la “reducción de la demanda” lograda con estas iniciativas. Y Ramírez no fue capaz de contestar.
Habló sobre la red de apoyo establecida por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y sobre revisiones en anexos, los centros de rehabilitación irregulares, pero eludió dar cifras sobre demanda o consumo. No pudo ofrecerlas porque no existen.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a reeditar la encuesta sobre uso de drogas y tampoco tiene previsto elaborarlos en un futuro próximo, a pesar de que este año debía haberse realizado la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat).
Este estudio se realiza cada cinco años aproximadamente desde 1998, aunque depende de la voluntad del gobierno.
El último Encodat se publicó en 2017 con datos de un año antes. Se trata de un cuestionario que sirve para conocer las tendencias de la población en uso de alcohol, tabaco y estupefacientes.
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), confirmó al medio de comunicación Animal Político que no tiene previsto reeditar este informe “en un futuro próximo” y argumentó razones presupuestales: una encuesta de estas características cuesta aproximadamente 150 mdp, por lo que no es compatible con las políticas de austeridad promovidas por el presidente López Obrador.
Es decir, que los últimos datos sobre uso de alcohol, tabaco, mariguana, cocaína u otro tipo de sustancias fueron recabados hace seis años.
En este tiempo han ocurrido hechos importantes. Por ejemplo, las iniciativas para la regulación del cannabis, todavía en trámite legislativo.
Además, existen fenómenos que se han desarrollado como la proliferación del fentanilo, que en EU ya mata a más de 100 mil personas al año, o la expansión del uso de la metanfetamina, especialmente en estados con presencia del crimen organizado como Baja California, Michoacán o Guanajuato.
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Conocer los datos es importante.
En opinión de expertos que trabajan en el ámbito de la reducción de riesgos, renunciar a disponer de datos actualizados dificulta la posibilidad de poner en marcha políticas que aborden la problemática con base en los hechos. “Conocer los datos y la prevalencia del consumo de sustancias es sumamente importante.
Son datos que no solo requerimos para diseñar políticas públicas, sino que tenemos que estar emitiendo a las instancias internacionales para que ellos puedan hacer sus estimaciones a nivel global”, dijo Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA, una ONG que promueve políticas sobre drogas basadas en la justicia social.
Cabe mencionar que durante este sexenio se está desarrollando el debate sobre la legalización del cannabis. En opinión de Ospina, la encuesta serviría para poner a prueba los discursos que dicen que la regularización de la planta provoca un incremento en su consumo.
