Una alianza de universidades, la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes presentó una demanda contra un cambio del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las normas migratorias que dificulta la contratación de extranjeros cualificados.
El objeto de la demanda es una modificación de las normas de la visa H-1B por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entró en vigor el 8 de octubre y que, según los demandantes, haría prácticamente imposible que en EU, se contrate a extranjeros altamente cualificados o patrocinar su residencia permanente.
Entre las organizaciones demandantes están las universidades de Stanford, Cornell y la del Sur de California, que creen que las nuevas reglas podrían obligar a unos 200 mil científicos, ingenieros y otros profesionales extranjeros con visados H-1B a abandonar el país cuando tengan que renovar sus permisos de permanencia.
En una segunda demanda, la Asociación de Abogados de Inmigración de EU (AILA), la Universidad de Purdue, la de Michigan y otras organizaciones como el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información, intentan revocar una regla que «cambia de modo irrazonable y arbitrario el salario mínimo» para emplear trabajadores con visado H-1B.
Estas demandas están a cargo de Paul Hughes, abogado del despacho McDermott Will & Emery, quien en una demanda anterior logró detener una decisión del Gobierno de Trump que en junio suspendía la entrada de extranjeros con esta y otras visas temporales.
Según los demandantes, las nuevas normas están «diseñadas para restringir sustancialmente, si no eliminar por completo, la categoría de visa H-1B».
Estos cambios «romperían la relación laboral de cientos de miles de empleados en Estados Unidos y prácticamente excluirían la contratación de nuevas personas a través del programa» para inmigrantes cualificados, agregaron.
La Alianza de Presidentes para la Educación Superior e Inmigración, que agrupa a medio millar de rectores de universidades, consideró que estas reglas perjudican su capacidad «para patrocinar investigadores, personal y profesores internacionales, que desempeñan funciones fundamentales en el campus».
«Las instituciones de educación superior y las empresas compiten con instituciones de todo el mundo por las mejores mentes, y debemos asegurarnos de que nuestras reglas de inmigración mejoren, en lugar de disuadir, nuestra capacidad para competir», aseguró la Alianza, que se ha sumado a las demandas.
«Las instituciones no solo deben poder reclutar y contratar a las personas adecuadas, sino que también debemos asegurarnos de que aquellos que quieran venir aquí sigan viendo oportunidades y no barreras caprichosas», agregó la Alianza en un comunicado. /Cortesía Agencia EFE
