La Fiscalía de Guatemala informó que investigará la posible participación de las maras (pandillas) en la protesta frente al Congreso del pasado sábado que culminó con la quema de algunas de sus oficinas, en contraste con la masiva manifestación pacífica en el parque central.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, aseguró que será un trabajo conjunto de seis fiscalías distintas, entre estas la destinada a indagar delitos de extorsiones, pues, consideró, «posiblemente hay integración de maras en los posibles hechos delictivos que se suscitaron».
Porras detalló que el MP agiliza el trabajo conjunto de personal de las fiscalías de Distrito Metropolitano (Guatemala), Delitos Administrativos, Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas, Delitos Contra Periodistas, Delitos Contra el Patrimonio de la Nación y la dedicada a trabajar contra el Delito de Extorsión.
Aseguró que la presencia de la Fiscalía de Delito de Extorsión se debe a que «hubo una declaración de algún funcionario en la que señalaba que posiblemente hay intervención de maras en todos los posibles hechos delictivos que se suscitaron».
Esa Fiscalía está «especializada, tiene bases de datos y todo un fundamento que puede contribuir a que las demás fiscalías que recibieron denuncias puedan tener algún tipo de información», agregó.
El domingo, el diputado guatemalteco de oposición Orlando Blanco, jefe de bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), subrayó en una conferencia de prensa que «la información que nosotros tenemos es que los actos perpetrados el día de ayer (sábado) iniciaron por una serie de jóvenes que fueron infiltrados. Estos jóvenes pertenecen a las denominadas maras».
El congresista se refería a la quema del Congreso, de la que también señaló que el «hecho no se habría perpetrado sin la participación de personal interno» del Parlamento.
De acuerdo con el diputado, el supuesto «operativo» de los infiltrados «empezó desde horas antes del inicio de la manifestación» ya que «estas personas» estaban frente al Congreso desde el mediodía, mientras la protesta estaba programada para las 14.00 hora local.
Cada una de las seis fiscalías investigará de acuerdo a su competencia, subrayó este lunes la fiscal general Porras.
El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina Ruiz, aseguró que su despacho «ya cuenta con una denuncia procedente de la Procuraduría de Derechos Humanos», correspondiente a los dos manifestantes que perdieron, cada uno, su ojo izquierdo por, posiblemente, disparos de bombas de gas lacrimógeno lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).
Medina describió que ya hubo personal que «se constituyó al hospital donde están las personas» y comentó que tanto la PNC, la Inspectoría General de la Policía y su área de Derechos Humanos serán convocadas «para nuevas instrucciones» sobre la investigación.
Además de los disturbios en el Congreso y sus calles aledañas, a menos de un kilómetro de distancia, en la Plaza de la Constitución (parque central) más de 10.000 manifestantes protestaron contra el Gobierno y el Parlamento de forma pacífica durante la tarde y parte de la noche, pese a que la policía también lanzó gases allí.
Asimismo, hubo una treintena de detenidos, quienes, al no haber podido ser «individualizados» como causantes de algún delito, fueron liberados por un juez, quien criticó la poca preparación de la Fiscalía, la cual, además, reconoció no contar con suficientes indicios para imputar. /EFE
