El Gobierno de Tlaxcala se reunió con 60 presidentes municipales donde establecieron los mecanismos e instrumentos presupuestales y administrativos para que, en un esquema de peso a peso por parte del gobierno estatal y los municipales, sumen así el esfuerzo y voluntades para la consolidación de las obras.
De esta manera, este año la obra pública municipal será priorizada en aquellas zonas que realmente lo necesiten, pues el Gobierno del Estado determinó democratizar la atención y de esa forma garantizar que todo el territorio cuente con las mismas oportunidades de desarrollo.
Y para ello, de forma previa hizo un análisis de las necesidades de todos los tlaxcaltecas, sobre todo de las más sentidas de la población, y como resultado dio un trabajo que incluye la planeación y las estrategias de atención que priorizará la administración estatal.
Aun que, es importante mencionar que solo se pueden acceder a ese beneficio los presidentes municipales que estén de acuerdo y firmen la carta intención de obra pública, que después se convertirá en un convenio que compromete a ambos órdenes de gobierno a aportar recursos para la ejecución de obras públicas para bienestar de los tlaxcaltecas y mejorar el entorno de las familias.
Además, el estudio del territorio y la propuesta de la asignación de la obra están a cargo de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura, así como de la Coordinación General de Planeación e Inversión.
Por su parte, Jimena Lara Pérez, coordinadora General de Planeación e Inversión, fue la encargada de detallar la metodología de la planeación de proyectos de obra pública municipal a ejecutar este 2023 y comentó que para ello fue creado un estudio con un análisis de los indicadores estadísticos del territorio y sus regiones.
Indicó que esas variables serán tomadas en cuenta para la selección de proyectos, así como la ejecución de obras de atención prioritaria en comunidades y municipios, como son el rezago social y la marginación, además de las unidades de gestión ambiental, que indican dónde deben ser rescatados espacios de conservación, protección, aprovechamiento, restauración y mitigación.
«Incluye análisis de programas de desarrollo urbano, población total, agrupaciones sociales con vulnerabilidad, migración, grado escolar, derecho a audiencia, seguridad, datos socioeconómicos, viviendas sin agua potable o drenaje, hacinamiento, hogares indígenas y pueblos originarios, entre otros.»
De esta forma, el gobierno del Estado, a través de esas secretarías y con base en el mapa georeferenciado que poseen las solicitudes de los alcaldes y de los pobladores, hará el análisis de la factibilidad de esos expedientes y los proyectos y su justificación, por medio de la cartera de proyectos comunitarios y proyectos municipales.
¿Cómo funciona el financiamiento ?
El financiamiento de esa cartera será a través del esquema de apoyo de inversión peso a peso, en donde el municipio aporta un peso y el Estado aporta otro, informó David Álvarez Ochoa, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Mencionó que si ese objetivo se cumple habría una aportación municipal de 200 millones de pesos y una cifra similar por parte del Estado, para hacer una bolsa total de 400 millones que serían aplicados en los lugares de las localidades de atención prioritaria.
Para ello, aclaró, los alcaldes deberán firmar una carta intención que establece esa dinámica de aportar el 10 por ciento de su participación del Ramo 28, que técnicamente es lo que se conoce como gasto corriente, lo que fortalecería el esquema de inversión en obra pública con recursos de libre disposición no etiquetados, destinados a abatir el rezago en obra pública de cada uno de sus municipios.
Asimismo, Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura, informó que para la ejecución de la obra el municipio debe contar con las escrituras del sitio, con planos topográficos, mecánicas de suelos y con el proyecto ejecutivo que sin excusa debe estar completo.
«En el caso de calles o carreteras los alcaldes deben exhibir los expedientes técnicos o la ficha técnica, contar el presupuesto y que deben comunicar si pudiera haber algún tipo de afectación a los vecinos de ese tramo, además de que las vialidades deben contar con electrificación y deben dar el apoyo con los trámites y permisos».
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MAO
