El proyecto consiste en la garantía para la libertad de expresión, libertad de prensa y protección para los periodistas ante actos violatorios a los derechos humanos.
El Congreso del Estado mediante la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, funcionará como un órgano técnico para integrar la ley local de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
México se ha convertido en el segundo país más peligros para ejercer el periodismo y es que alrededor de este contexto, las historias de terror son más, contrario a las de «color rosa», pasando regularmente a rojo. Por eso Diana Torrejón Rodríguez, titular de la comisión, informó que se revisarán aquellas propuestas recibidas para la protección de los derechos de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos.
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La iniciativa aun se mantiene dentro del análisis jurídico, bajo el control de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el órgano técnico del Congreso del Estado. El proceso de la misma se hará mediante una armonización de las propuestas presentadas por colectivos y organizaciones de comunicadores, respecto a las medidas de protección planteadas.
Una vez conformado el proyecto, Diana Torrejón será la encargada de presentar ante el Pleno de la LXIV legislatura la iniciativa creada en conjunto con la oficina dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Entre los proyectos presentados fueron los de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos Sociales y Políticos A.C., el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala, la asociación «Mujeres en consenso», la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, así como la Red Dialoga de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.
Entre los aspectos presentados, la mayoría coincide en demandar la garantía ante la libertad de expresión, libertad de prensa, medidas cautelares en caso de que sea obstaculizando el ejercicio periodístico por posibles actos violatorios a los derechos humanos.
DCR
