El legislador José Gilberto Temoltzin Martínez, presentó durante la décima quinta sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la denominación del Capítulo I de Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
La razón es para alcanzar una mejor administración de los recursos públicos, favorecer la fiscalización y rendición de cuentas, además de favorecer la transparencia de las operaciones y recursos empleados en la realización de obras públicas e infraestructura, el congresista propuso la creación de un padrón de contratistas en al entidad tlaxcalteca.
Asimismo, el también representante del Partido Acción Nacional (PAN), busca que se puedan perfeccionar los procesos de licitación y estos vayan encaminados al combate de la corrupción, a partir de que puedan enfocarse a los procesos de adjudicación respecto de la licitación pública, se contraten conforme a derecho y exista imparcialidad en el proceso.
En esta propuesta, el diputado local busca que sea el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el encargado del padrón de contratistas, mismo que deberá mantenerse actualizado, mediante refrendo anual, además de que se busca establecer como obligación del contratista informar de cualquier cambio en su información al OFS.
Con este proyecto, Temoltzin Martínez, busca que el padrón de contratistas funja como como un registro de carácter administrativo, a cargo del OFS, que tiene por objeto establecer su inscripción como requisito indispensable para que las personas físicas o morales, cuya actividad industrial o comercial, los conduzca a participar en la realización de obras públicas y los servicios que con ellas se relacionen, para cualquier proceso de adjudicación.
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Con esto, se establecen de manera específica, los requisitos que deberán cumplir quienes deseen aparecer en este padrón, ya sea persona física o persona moral, así como las bases para el procedimiento de inscripción, que deberán cubrir.
De acuerdo con el legislador panista, se busca erradicar la corrupción, a través de mecanismos legales que permitan la competencia y certeza de las y los contratistas, para la realización de infraestructura u obra pública.
