El Centro de Internamiento de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (CIEMA) en Querétaro ha logrado una tasa de reinserción social del 95 por ciento para los adolescentes que son internados, según la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa. Actualmente hay 24 adolescentes en internamiento, mientras que otros enfrentan su proceso en libertad. Los delitos por los que están en el CIEMA incluyen robo con violencia, homicidio y violación.
“El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, como está diseñado desde la Constitución y como lo hemos implementado en Querétaro, y por la experiencia que tengo ya de 15 años tratando con adolescentes, les puedo afirmar que en un 90% de los casos, entre 90 y 95% tenemos casos en donde recuperamos al adolescente que entró en conflicto con la Ley Penal”, mencionó.
Ponce Villa explicó que el trato que se brinda a los jóvenes en el CIEMA es fundamental para su reinserción social, y que los motivos que llevan a los adolescentes a tener problemas con la ley son diversos. El desentendimiento de los padres hacia sus hijos y la falta de oportunidades de trabajo son algunos de los factores que contribuyen a la situación.
“Se está muy pendiente cuando los padres van a las visitas, que son dos días a la semana, pues está pendiente si van, si no van se platica con ellos o se les lleva a estas reuniones informativas sobre, le digo, escuelas para padres, nadie sabemos ser padre, a nadie se nos enseña y en muchas ocasiones la persona, la mamá, el papá, piensa que está haciendo lo correcto en la formación de su hijo, pero quizá no sea lo más adecuado, entonces que cuenten con la orientación de expertos de profesionales les ayuda mucho”.
La magistrada agregó que también se han visto casos de violencia familiar, psicológica y sexual en el seno familiar, lo que influye en el comportamiento de los adolescentes. Como parte del proceso que lleva cada adolescente, se cuenta con una escuela para padres y un Comité Técnico Interdisciplinario que da seguimiento a cada caso, en concordancia con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
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