Tras el linchamiento de Daniel Picazo, abogado y colaborador de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Puebla informó que detuvo a cinco personas. Fue por medio de un comunicado que la Fiscalía indicó la participación de un grupo de pobladores quienes presuntamente cometieron los hechos.
De esta manera, la dependencia dio a conocer las órdenes de cateo en 12 inmuebles donde se obtuvo la aprehensión de cinco hombres identificados como Óscar N., Alejandro N., Raymundo N., Abraham N. y Oswaldo N. Además, las detenciones se realizaron durante las primeras horas de este miércoles 15 de junio con el personal de la institución y así también participaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.
¿Qué había ocurrido antes?
La noche del viernes 10 de junio, se corrió el rumor en la región de Papatlazolco, Puebla por medio de un audio en grupos de WhatsApp sobre el supuesto intento de secuestro de un menor de edad. Ante ello, pobladores retuvieron a Daniel Picazo, lo golpearon, rociaron con gasolina y lo quemaron vivo, pensando en que el había sido el responsable de raptar al menor, sin embargo, el joven solo estaba en el municipio poblano de visita.
En este sentido, su padre explicó que los viajes del abogado a Huauchinango eran frecuentes, pues su abuelo paterno les había heredado una casa y él gustaba de visitar el pueblo.
Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango -emanado del Partido Nueva Alianza- confía que la Fiscalía General del Estado continúe con las investigaciones y castigue a los responsables del linchamiento. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) del Estado de Puebla informó sobre el inicio de un expediente de queja para investigar posibles violaciones a derechos humanos, tras el linchamiento del abogado.
Tras reprobar los “actos de crueldad”, el organismo estatal detalló que un equipo multidisciplinario de abogados, así como peritos médicos y psicólogos acudieron al lugar de los hechos para recabar entrevistas con los testigos y realizar una “correcta investigación” que determine si existen omisiones de autoridades.
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