Se debe dar atención en el caso del defensor en Morelos: CNDH

Tras el asesinato de un activista social y su familia durante el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dirigió hacia el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara por asunto de violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio.

Es importante recalcar que la víctima era parte de los opositores al proyecto de construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca. Además, la víctima era dirigente de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, y colaborador de la estación de radio comunitaria de la localidad.

Posterior a los hechos, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil informaron que la víctima había cuestionado al delegado de Bienestar Social durante la asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos, ante funcionarios estatales y federales. Sin embargo, las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima.

Es importante señalar que meses después del asesinato de la víctima, se integró este testimonio a la carpeta de investigación, el cual sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien, como se dijo, ya se encontraba en prisión por otros ilícitos contenidos en una carpeta de investigación diferente por tentativa de homicidio, posesión simple de droga y delitos cometidos por conductores de vehículo de motor.

Del análisis lógico-jurídico del expediente, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal de Morelos en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de la víctima.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al fiscal general del estado de Morelos que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, brinde la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso, que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.

Asimismo, pidió la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran las víctimas, así como colaborar en la presentación y seguimiento ante la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos con la denuncia administrativa que este Organismo Nacional interponga en contra de tres personas servidoras públicas del personal ministerial que han participado en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.

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MAO