En los próximos días la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) podría dejar de operar porque están agotadas las placas y las tarjetas de circulación y no hay presupuesto.
La crisis de material, se debe a que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Morelos, se niega a autorizar una ampliación presupuestal para licitar la compra de láminas y tarjetas de circulación, con el argumento de que el gobierno estatal compra las placas a precios muy altos y que se venden por el triple de su valor.
Ese señalamiento el Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Galaz Chacón, dijo que es falso, porque la compra de placas y tarjetas de circulación se realiza a través de licitaciones públicas y precisó que tanto las láminas como las tarjetas cumplen con las medidas de seguridad que indica la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT). en el caso de las placas cuenta con 11 medidas de seguridad adicionales a las solicitadas por este organismo federal, con el propósito de evitar la clonación de láminas y dar certeza al contribuyente, explicó
Por otra parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, solicitó nuevamente al Congreso de Morelos la autorización de la ampliación presupuestal que permita la adquisición de placas metálicas y tarjetas de circulación necesarias para este 2023, este informó que los ingresos por tales conceptos ya resultaron afectados y se encuentran por debajo en un 4 por ciento, lo que representa 18 millones 841 mil pesos menos que la estimación considerada en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
El Congreso del Estado, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, consideró que la Secretaría cuenta con recursos de sobra para seguir prestando sus servicios y, por lo tanto, no será aprobada la solicitud de ampliación presupuestal por 41 millones de pesos que hizo la dependencia para la adquisición de placas y tarjetas de circulación.
Por el contrario, propondrá ante a legisladores que se instruya a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y en su caso a la Fiscalía Anticorrupción, investigar el destino de los 140 millones de pesos aprobados por el Congreso a la dependencia en el Presupuesto 2023, y que aparentemente ya fueron agotados en la primera mitad del año.
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