Samuel García está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal.
El empresario Raymundo Ramírez Pompa, denunció que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, es vinculado a una supuesta red de despojos inmobiliarios, que también habría incurrido en otros delitos como lavado de dinero, cuya representación legal comparte domicilio con las dos empresas señaladas de haber aportado de manera irregular recursos al mandatario de Movimiento Ciudadano.
Ramírez Pompa llevó el caso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y busca que la Fiscalía General de la República (FGR) realice las investigaciones, pues indicó que la Fiscalía local y el Poder Judicial del estado están coludidos.
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El empresario afirmó que Samuel García “está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal. Y vamos a seguir insistiendo porque la misma Ley impone ciertas restricciones a esa facultad de atracción, pero es la única manera de que se pueda hacer justicia, mientras las Federación no atraiga todas estas denuncias que estamos presentando no se va a poder”.
Cabe destacar que el Gobernador de Nuevo León fue señalado por beneficiarse durante las campañas de la triangulación de recursos y financiamiento ilegal, que incluyó a su madre y hermanos a través de las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C, así como Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C.
Raymundo Ramírez Pompa asegura que dichas empresas comparten domicilio fiscal con el aparato legal de un red de despojos, en la cual sirvió como abogado Carlos Eduardo Mendoza Cano, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el cual fue puesto en el cargo por Samuel García.
“Algunos de los delitos que cometen es tratar de despojar o de apropiarse de bienes inmuebles, de lo cual después resultan delitos como la defraudación fiscal, el lavado de dinero y muchos otros delitos. Como lo he venido repitiendo, es tan solo una de las áreas donde opera de manera criminal el Gobierno del estado de Nuevo León”, acusó Raymundo Ramírez Pompa.
El empresario explicó como es su modus operandi, pues además de estar coludidos con la Fiscalía del Estado y los jueces de control, esta red presenta denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado en las que aseguraban ser dueños de los inmuebles. «Lo único que tienen por finalidad es abrumarte con audiencias y papelería, posteriormente es donde entra el Poder Judicial con los jueces de control y de juicio oral y penal del estado”, añadió el denunciante.
Ramírez Pompa señaló que en su caso pretenden despojarlo de inmuebles valuados en 500 millones de pesos y de otros 500 millones de pesos a personas a las que él ya les vendió diversas propiedades.
En su denuncia ante las instancias federales, dio cuenta de donación simulada por una casa, hecha por los miembros de la familia del gobernador, y vendida posteriormente en 3.9 millones de dólares, unos 78 millones de pesos, para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de los recursos. Acusó que en estas operaciones contaron con la asesoría del abogado Mendoza Cano, a quien señaló de participar en el despojo de una de sus propiedades.
El denunciante indicó que Carlos Mendoza falsificó documentos, actas de notarios públicos y contratos, pero afirma que «he tenido afortunadamente los conocimientos y los recursos para defenderme y desafortunadamente lo he tenido que enfrentar […] porque no mucha gente se atreve y hay cientos de víctimas”. Ramírez Pompa
Ramírez Pompa concluyó diciendo que “tenemos meses en comunicación y trabajando con autoridades federales para que precisamente sean ellas las que atraigan la facultad de atracción, porque es una burla, trastoca la dignidad humana, el hecho de que tengas que poner una demanda cuando un funcionario de la Fiscalía del estado comete un abuso de autoridad, o una violación a tus garantías constitucionales o a tus derechos humanos tienes que ir a la Fiscalía a poner la denuncia, y si un juez de control también violenta tus garantías constitucionales o a tus derechos humanos y quieres presentar una queja tienes que ir al Poder judicial resulta absurdo se burlan y se ríen de ti en tu cara”.
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