Un desfalco multimillonario perpetrado, en vía separada, por dos uniones de crédito, la Sociedad de Crédito y Ahorro San Nicolás de Bari y la Cooperativa Marcos Castellanos AC, han afectado severamente la economía de esta comunidad ganadera, particularmente a los pobladores de San José de Gracia en la cabecera municipal de Marcos Castellanos limítrofe con Jalisco.
Ambas instituciones de ahorro e inversión, valiéndose de su perfil religioso, en el caso de la San Nicolás de Bari, y las obras de caridad, en el caso de la Cooperativa, se fueron ganando la confianza de varios miles de socios, a los que, sin previo aviso, dejaron de pagar sus intereses desde octubre 2019 y marzo de este año respectivamente. La cuarenta de este 2020 ha profundizado el problema en vista que se restringe el acceso a las oficinas.
El malestar en la comunidad es significativo ya que en su mayoría los socios desfalcados son personas de la tercera edad que dependen de su inversión para costear tratamientos médicos incluso su alimentación diaria.
A la jefa de la cooperativa, Flora Teresa García, se le contabiliza el desvío de aproximadamente 300 mdp. y aún se desconoce a Gustavo Armando Miranda, director de la Sociedad, se le acusa de fraude por unos 700 mdp.
El caso de la Cooperativa, fundada en septiembre de 1997, es aún más tortuoso ya que los socios reunieron el 31 de agosto quórum legalmente suficiente para constituir un nuevo consejo de administración con miras a solventar la situación. Sin embargo, los empleados de la Cooperativa levantaron una denuncia ante el Ministerio público por el delito de despojo en contra del nuevo consejo, responsabilizándolos de la pérdida de todos los documentos y valores de la organización. Representantes legales del nuevo consejo aseguran que se trata de una estrategia jurídica para que García Melo y sus afines aseguren la impunidad en este caso.
El 14 de octubre el presidente del nuevo consejo de administración, Arnulfo Sánchez Novoa, notificó vía estrados a Flora Teresa García para una amigable composición, ofreciéndole que “si usted garantiza el pago de esas inversiones, nosotros la invitamos a reincorporarse a la administración”. El objetivo del nuevo consejo de administración es evitar que, con motivo de los diversos litigios presentados, los recursos de los socios se vieran disminuidos aún más por honorarios de abogados, gastos y costas judiciales.
Fuentes consultadas cercanas a la comunidad afirman que Flora García “ya tiene los nombres de los mil 200 demandantes y anuncia pagar únicamente a quienes no demandaron. Ha citado algunos de ellos, pero igual no les ha pagado nada. ¿Cómo es que tiene el listado de los demandantes desde antes mismo de estas declaraciones?”, se preguntan entre los afectados.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán ordenó ya la instalación por 48 horas entre martes y miércoles, de la oficias de la Fiscalía de Servicios Especiales de Morelia, en la sede de seguridad pública del municipio de Jiquilpan para facilitar que los afectados por estos fraudes pudiesen rendir su declaración donde testificaron 80 demandantes de los mil 200.
