La compañía acusa al gobernador de una campaña selectiva de venganza gubernamental
Disney, el gigante del entretenimiento, ha iniciado una disputa judicial con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, luego de que una junta designada por él anulara acuerdos que le daban a la compañía el control sobre la expansión de su parque de atracciones en el estado. La compañía acusa a DeSantis de «venganza» política por las críticas que hizo Disney el año pasado a una ley promovida por el gobernador que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida.
Esta disputa legal es el resultado de la tensa relación que se ha generado entre Disney y DeSantis, que comenzó cuando la compañía criticó la ley promovida por el gobernador el año pasado. La ley prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida, lo que fue criticado por la compañía.
Disney, que ha estado operando en Florida desde hace décadas, tiene un gran interés en mantener su control sobre la expansión de su parque de atracciones en el estado, por lo que no es de extrañar que hayan tomado medidas legales contra la anulación de acuerdos que le daban el control sobre el terreno en Orlando. La disputa legal entre la compañía y el gobernador DeSantis probablemente continuará por un tiempo más, y será interesante ver cómo se desarrolla y si se llega a un acuerdo en el futuro cercano.
«Una campaña selectiva de venganza gubernamental -orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso de Disney, amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales», indicó la compañía en su demanda presentada ante un tribunal federal del norte de Florida.
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La junta designada por DeSantis dirige un distrito especial otorgado a Disney en los años 1960, en su parque de atracciones de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local. La empresa afirma que la campaña selectiva de venganza gubernamental amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales.
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