El tema de los migrantes mexicanos y centroamericanos es una clara preocupación para el gobierno de Joe Biden, como lo fue para Trump. La prensa cercana al Partido Republicano ha presentado al tema como una crisis para Biden, intentando lesionar su imagen en el corto plazo, y recordar a los votantes conservadores norteamericanos que Trump dictó medidas para controlar a los migrantes por todos los medios posibles, algunos francamente coercitivos.
No hay duda de que para el presidente Biden fue pertinente, incluso necesario, proponer, desde los primeros días de su gobierno, un paquete de reformas migratorias para regularizar a poco más de once millones de indocumentados, conceder más visas para trabajadores, y en general revertir las numerosas medidas anti migrantes del gobierno anterior. Se busca además legalizar a cerca de 1.4 millones de dreamers que ya están en el país, por haber sido llevados desde niños, y que son en su mayoría de origen mexicano.
En efecto, en 2020 y en lo que va de este año se elevó el flujo de migrantes ilegales, principalmente jóvenes centroamericanos que huyen de huracanes, pobreza y violencia, pero también de mexicanos afectados por la crisis económica causada por la pandemia y por la falta de apoyos gubernamentales a la economía y a las empresas pequeñas. Esto es un cambio de tendencia, porque el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos se había venido reduciendo desde 2010, pero en 2020 el número mensual de detenidos mexicanos en la frontera norte se elevó a cerca de 38 mil al mes.
El especialista en el tema Jorge Santibáñez (recomiendo sus artículos en el LA Times) ha destacado en la agenda de los dos países la necesidad de coordinar sus políticas migratorias. El antecedente inmediato de coordinación entre México y su vecino del norte para atender este problema fue la forma en que la Guardia Nacional reforzó la frontera sur de México, bajo amenazas abiertas de Trump. Pero como en muchos otros campos, el gobierno mexicano actual no ha logrado diseñar, ni siquiera esbozar, políticas migratorias amplias y sensatas, salvo algunas ocurrencias en las mañaneras.
La reforma migratoria de Biden sería la más importante de su país en los treinta años recientes, pero precisamente por su alcance, será especialmente difícil que sea aprobada por el Congreso en este año, y menos en el momento en que el presidente demócrata ha lanzado dos iniciativas históricas: una para recuperar el crecimiento económico de su país y realizar inversiones masivas en infraestructura, llamada American Jobs Plan, con un costo de dos Trillones de dólares (millones de millones), y la segunda para mejorar el nivel de vida de las familias, reabrir las escuelas, fortalecer la educación superior, ampliar los seguros de desempleo y mejorar las condiciones laborales, llamada American Families Plan, con un costo $1.8 trillones.
¿Cómo financiar estos gastos? Los demócratas quieren reducir parte de las exenciones fiscales que Trump concedió a las grandes empresas, pero también con más deuda. Por todo esto, es probable que la disputa en el Congreso por estas dos amplias iniciativas obligará al gobierno demócrata a postergar la reforma migratoria, o a recortarla para aprobar sólo algunos de sus componentes.
Las propuestas de Biden son ciertamente ambiciosas: significan reinstaurar un Estado de Bienestar en los Estados Unidos, debilitado (o desarmado) desde el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989). Es una especie de nuevo New Deal como el de los años treinta, y serían los incrementos más fuertes al gato público desde la 2ª Guerra Mundial.
Me parece que su objetivo político es enfrentar desde ahora el posible regreso de Trump, con propuestas que benefician a la mayor parte de los norteamericanos. En los Estados Unidos los tiempos políticos son siempre cortos, porque cada dos años hay elecciones legislativas. Es decir, que en noviembre de 2022 se celebran de nuevo elecciones para diputados y para la tercera parte del Congreso, y como está la división de los electores en este momento, los demócratas no tienen tiempo que perder.
