La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos desaprobó el ataque de los policías hacía los protestantes frente al palacio municipal de Cancún, Quintana Roo.
El ataque con armas de fuego dejó a dos periodistas heridos de bala, y ya fue condenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Gobernación (Segob), que exigieron investigación y castigo a los culpables.
A esta condena se ha unido la ONU pues en redes sociales hizo saber que desaprobaba el uso excesivo de la fuerza y el uso de armas de fuego.
Mientras que la alcaldesa de Benito Juárez, afirmó que los elementos que accionaron sus armas pertenecen a la policía estatal.
«Las autoridades deben respetar proteger y promover el derecho a la manifestación. No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas», advirtió la ONU, que recordó que la policía debe regirse por principios de uso de la fuerza, que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas.
La ONU pidió investigar el operativo pues recordó que el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, había dado la orden de que no hubiera agresiones en las protestas.
«Las agresiones contra periodistas, cuya labor resulta esencial para una sociedad libre, democrática y plural deben también ser investigadas. Resulta muy preocupante el elevado número de periodistas lesionados durante estos hechos», dijo la ONU sobre los periodistas heridos y sobre los que denunciaron agresiones de policías.
Naciones Unidas también advirtió que hubo agresiones de policías a personal de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, los cuales monitoreaban la actuación de las autoridades, y cuya función es vital para garantizar los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México también pidió una «investigación objetiva» sobre la dispersión de una manifestación feminista con disparos por parte de la policía en el balneario de Cancún, un hecho que dejó a dos periodistas heridos de bala y que el ente estudiará.
«La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad», destaca el boletín emitido.
En el comunicado, la CNDH «reprueba los hechos» de la noche de este lunes, cuando «presuntamente elementos policiales repelieron mediante detonaciones de posibles armas de fuego a manifestantes» que protestaban por el feminicidio de la joven de 20 años Bianca Alejandrina y por la situación de violencia de género en el municipio.
Según fuentes locales, el número de heridos total sería de cinco, incluidos tres periodistas que cubrían la marcha, quedando dos de ellos alcanzados por balas.
El ente reconoció como heridos de bala a los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, «colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente».
La CNDH anunció que atenderá el caso, ocurrido en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, en el suroriental estado de Quintana Roo, «ante la demanda de los quejosos».
El organismo urgió al Estado mexicano a garantizar la «exclusión de las armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas» y reiteró que «en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación».
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, los policías municipales reprimieron a las manifestantes que se encontraban fuera del Ayuntamiento disparando con «arma de fuego».
Se detuvo a ocho personas, pero horas después fueron liberados a petición de la alcaldesa del municipio de Benito Juárez, al que pertenece Cancún, Mara Lezama, según dijo este martes en entrevista con Radio Fórmula el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella.
Diversas ONG, como Amnistía Internacional, pidieron también aclarar los hechos.
«Exigimos informar quién dio la orden del uso excesivo de la fuerza y de armas letales, dar a conocer la corporación policiaca que participó, e investigar y sancionar estas violaciones a derechos humanos», escribió Amnistía Internacional en su cuenta de Twitter.
