- Diputadas y diputados federales y locales afirman que se trata de un tema de justicia social y dignidad humana.
Al advertir que en 2070 habrá 48.4 millones de personas mayores de 60 años, que representarán 34.2 por ciento de la población mexicana, en el Congreso del Estado de México diputadas y diputados federales y locales coincidieron en la necesidad de contar con una Ley General de los Derechos de las Personas Mayores para fortalecer las políticas públicas en la materia, toda vez que se trata de un tema de justicia social y dignidad humana.
Así lo afirmaron durante el ‘Foro III: Rumbo a la Ley General de Derechos de las Personas Mayores’, con la temática de vivienda y servicios financieros para las personas mayores, organizado por la diputada federal Verónica Collado Crisolia, secretaria de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la anfitrionía de la legisladora Rosa María Zetina González (Morena), secretaria de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso local.
Ante el diputado Sergio García Sosa, coordinador legislativo del PT, y representantes de la sociedad civil, sindicales y de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, la diputada Rosa María Zetina consideró indispensable avanzar en la construcción de determinantes estratégicos que garanticen que las personas gocen una vejez saludable y ejerzan plenamente sus derechos.
En su participación vía zoom, la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, presidenta de la Comisión de Bienestar del Congreso federal, detalló que se busca una reforma constitucional y una ley general para proteger los derechos de esta población, por lo que con los foros se contribuye a avanzar en el reconocimiento de las personas mayores en sus diferentes etapas de desenvolvimiento cotidiano toda vez que el país enfrenta un envejecimiento poblacional.
En tanto que la legisladora Verónica Collado enfatizó que, a través de estos foros, con temas como salud, vivienda, servicios financieros y procuración y administración de justicia, se adhieren al proyecto de ley los diferentes puntos de vista de la sociedad para proteger y salvaguardar los derechos de las personas mayores.
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Entre las propuestas recabadas y expuestas por la diputada federal Noemí Salazar López, se concluyó que se debe acompañar a la inclusión financiera con educación en la materia; capacitar al personal de las instituciones financieras para la atención con lenguaje accesible y trato digno; priorizar la atención personal por encima de la digital; corregir estándares de acceso a la vivienda, entre otros aspectos.
Víctor Rafael Benítez Blasio, director general de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Bienestar estatal, señaló que la vivienda y los servicios financieros son recursos que permiten disfrutar de una vida digna y plena; María del Carmen Arroyo Arroyo, directora general de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, compartió que en 2019 del total de las reclamaciones 33.9 por ciento fueron de personas adultas mayores contra aseguradoras y afores.
