Para evitar abusos de autoridad, destacan acciones como la rotación del personal operativo, administrativo y directivo, así como la instalación de cámaras de videovigilancia.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaria de Control Penitenciario, desmintió que en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) de la entidad mexiquense, se realicen cobros a los familiares de los internos, como supuestamente se dio a conocer.
El documento señala que el informe “Situación Carcelaria en el Estado de México” elaborado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y presentado a diputados y servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM), y en el cual se exponen supuestas violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, se sustenta en denuncias verbales que no se han formalizado ante las instancias legales correspondientes.
En el mencionado informe se consigna que, en los días de visita, supuestamente se exige una cuota de mil 200 pesos a los familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL); lo que bajo cualquier circunstancia es ilegal.
En este sentido -acota la Secretaría de Seguridad mexiquense-, los CPRS cuentan con una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) destinada a garantizar el irrestricto apego de los derechos de quienes atraviesan un proceso o cumplen una sentencia.
Diputadas y diputados integrantes de la LXI Legislatura del Estado de México, así como el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en el Congreso local, diputado Adrián Juárez Jiménez, han acudido a inspecciones sorpresa.
Adicionalmente, se ha establecido una Política de Combate a la Corrupción, enfocada en evitar abusos de autoridad, así como irregularidades en el sistema penitenciario, que se sustenta en acciones concretas, entre ellas, la rotación del personal operativo, administrativo y directivo y la instalación de cámaras de videovigilancia que son operadas por una instancia distinta a la carcelaria en los puntos susceptibles de actos de corrupción.
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Además, a los elementos que se les ha detectado en actos de corrupción, se les ha integrado su expediente respectivo ante la Comisión de Honor y Justicia.
En el periodo comprendido de septiembre de 2017 a la fecha, se tiene registro de más de 250 expedientes, en proceso de investigación y se ha dado de baja a 62 elementos por decisión de la Comisión de Honor y Justicia.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de la Contraloría y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realizan constantes supervisiones aleatorias en todos los Centros Penitenciarios y oficinas centrales con el objetivo de que se haga un uso adecuado de los bienes inmuebles, recursos materiales y humanos de la institución.
Para terminar, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, puntualizó que, hasta el momento, no se tiene registro de ninguna denuncia formal por actos de acoso sexual por parte de servidores públicos de la institución en contra de familiares o mujeres privadas de la libertad y, en caso de existir, exhortó a los familiares y población penitenciaria a utilizar los canales institucionales, mismos que permitirán dar seguimiento y actuar con todos los recursos administrativos y legales necesarios.
