La legisladora morenista, Karina Labastida, presidenta de las comisiones de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, aseguró que hay un avance en las iniciativas de reformas impulsadas con ONU-Mujeres
La diputada de Morena en el Congreso del Estado de México (Edoméx), Karina Labastida Sotelo, reconoció avances significativos en el análisis del paquete de iniciativas para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio mediante la reforma de 13 leyes y cuatro códigos estatales establecidas en conjunto con ONU-Mujeres y otras organizaciones, que indicó, podrían aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
Durante la mesa técnica de las comisiones de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, que preside Labastida Sotelo, y las de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso local, la legisladora explicó que las y los diputados han acordado plazos para concluir el análisis y perfilar la aprobación del paquete de iniciativas que trabajan el Congreso local y ONU-Mujeres en el marco de la iniciativa Spotlight.
En la reunión que contó con la participaron de Nayeli Sánchez Macías y Carlos Guillermo León, de la Iniciativa Spotlight; así como Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, continuó el análisis del quinto grupo de reformas en el que se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad.
En ese sentido, los representantes del Congreso, organismos y dependencias estatales acordaron que para la emisión de las órdenes de protección, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente tomará en consideración los hechos relatados por la mujer adolescente o la niña en situación de violencia, considerando desarrollo evolutivo y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad, así como las peticiones explícitas de la víctima considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho.
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Asimismo, que la custodia personal y/o domiciliaria a las víctimas este a cargo de las instituciones de seguridad pública estatales; que en casos de urgencia se proporcionen los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza, vivienda y los trámites oficiales que requiera; y que las instituciones de seguridad pública estatales acompañen a la víctima para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro para recuperar sus pertenencias personales y la de sus hijas e hijos y una persona de confianza.
También respaldaron el uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, adolescentes o niñas en situación de violencia, así como a las víctimas indirectas y testigos, entre las que pueden encontrarse proporcionar un dispositivo móvil con el contacto directo para brindar auxilio policial; y que el Ministerio Público pueda solicitar a la autoridad judicial competente que acuerde la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.
