El Congreso mexiquense determinó la lista de las 10 personas que se enviarán al Ejecutivo mexiquense para que éste defina una terna y la regrese a la Legislatura local, a fin de que sean entrevistados y el próximo jueves 10 de marzo se defina a la o el fiscal general.
La lista quedó integrada por cuatro mujeres y seis hombres, todos con experiencia en la procuración de justicia que será enviada al Ejecutivo mexiquense.
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Los nombres son:
Edmundo Garrido, ex procurador de la Ciudad de México.
El magistrado del Poder Judicial y ex subprocurador de la entidad: José Luis Cervantes Martínez.
Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.
Alonso Israel Lira Salas ex titular de la subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO).
Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador de combate al secuestro en la Fiscalía.
María de la Luz Quiroz Carbajal: coordinadora de delitos vinculados a la violencia de género de la FGJEM.
María Esther Nolasco Núñez: fiscal regional de Nezahuálcoyotl.
Martín Marín Colín: fiscal regional en Toluca.
Mario Salas Ortiz: actual encargado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Paulina Téllez Martínez: titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Maurilio Hernández señaló que el Ejecutivo tiene hasta 10 días para definir la terna, enviarla al Congreso local para que las personas sean entrevistadas por la y los coordinadores.
Advirtió que no puede pasar del jueves 10 porque necesitan estar dentro del marco de la ley que les da solamente 20 días, por lo cual esperan que arribe entre lunes y martes.
De los 43 que se presentaron, la Junta de Coordinación Política coincidió en diez nombres que este jueves fueron presentados al pleno.
El ex presidente del Poder Judicial mexiquense, José Castillo Ambriz no quedó en la lista, pues no logró el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.
La Junta de Coordinación argumentó en el dictamen que revisó los programas de trabajo y definieron con base en criterios como la experiencia y responsabilidad de dirección, honorabilidad, conocimiento, entre otros. El Congreso local prevé nombrar al fiscal el 10 de marzo.
