La FMI no solo exhortó a el país sino a Latino América para poner en práctica políticas de mitigación de contaminantes como eliminar subsidios al combustible.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a México, Brasil, Argentina y Colombia poner en práctica políticas de mitigación de contaminantes como eliminar subsidios al combustible y aumentar impuestos al carbono, lo que les generarían ingresos fiscales adicionales de entre 0.5 y 4.5% del PIB; pero habrá que hacerlo de la mano de transferencias de efectivo para compensar a los hogares de más bajos ingresos por los mayores costos que representan estas medidas.
México contribuyó con el 1.5% a las emisiones netas totales de gases de efecto invernadero y el 1.7% de las emisiones netas distintas del CO2 a nivel mundial en 2018, como el segundo mayor emisor después de Brasil, pero también Argentina estuvo arriba del uno por ciento y los tres son países especialmente vulnerables al impacto del cambio climático.
Eliminar subsidios a combustibles y aumentar impuesto al carbono generaría ingresos fiscales adicionales para los Gobiernos»
Consideró el organismo.
Solo México, Argentina, Chile y Colombia han otorgado un impuesto al carbón y donde se han implementado las tasas son bajas del rango de 1 a 10 dólares por tonelada de CO2, cuando el precio óptimo va en el rango de 50 a 75 dólares por tonelada de CO2 y estos impuestos cubren apenas una cuarta parte de las de gases de efecto invernadero.
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El impacto en el consumo de un mayor impuesto al carbono y la eliminación de subsidios al combustible podría ser grande y regresivo, podría provocar menor demanda y pérdida de empleos; sin embargo, para hacerlo más aceptables y progresivo, el FMI recomienda utilizar las transferencias de efectivo universales para compensar a los hogares por la pérdida de consumo.
Las pérdidas de puestos de trabajo podrían compensarse con aumentos de empleos en los nuevos sectores de energías más limpias.
Los gobiernos podrían adoptar un enfoque más específico para compensar a los hogares aprovechando las redes de seguridad social existentes para centrarse en los hogares más vulnerables, esto les permitiría canalizar parte del aumento de los ingresos fiscales a la inversión pública ecológica.
